Por Anahí Valdez
El Congreso del Estado de Puebla inició el proceso de recepción y análisis de un paquete de reformas estructurales enviados por el coordinador del Gabinete Estatal, José Luis García Parra, bajo el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier, que modifican la organización constitucional, electoral y de desarrollo urbano en la entidad.
La propuesta central de las que se remitieron el pasado 18 de junio, consiste en una reforma a la Constitución Política para alinear el marco normativo local con la Reforma Constitucional Federal en materia Judicial, que traslada el año de la elección de jueces y magistrados de 2027 a 2028.
De esta manera, se regulan los plazos de organización con fechas límite, donde establece el 15 de febrero de 2027 para recibir los datos de los cargos a elegir y el 15 de marzo de ese año para emitir la convocatoria.
El documento detalla que las magistradas, magistrados, juezas y jueces del Tribunal Superior de Justicia que resulten electos en la jornada de 2028 ocuparán sus puestos por un periodo único de ocho años. En tanto, los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial del Estado tendrán esquemas diferenciados.
En este caso, tres concluirán su encargo en 2030 y dos en 2033, esquema diseñado para empatar los tiempos con los comicios de la Federación; además, para coordinar estas acciones, se integrará una comisión especial con los directores de los Comités de Evaluación de los tres Poderes públicos.
A la par, las iniciativas presentadas abordan la seguridad del sistema electoral mediante la homologación con los criterios federales en materia de Intervención Extranjera, donde faculta a las autoridades competentes para declarar la nulidad de las elecciones locales en caso de que se acredite la intromisión o el financiamiento de agentes externos en los procesos democráticos de la entidad.
En materia de administración pública y ordenamiento del territorio, el paquete contempla cambios sustanciales a la Ley Orgánica Municipal, toda vez que mandata a los Ayuntamientos de todo el estado a realizar la actualización de sus respectivos Planes de Desarrollo Urbano Municipal, con el propósito de ordenar el crecimiento demográfico y comercial de las demarcaciones.
Como medida de control, la iniciativa de reforma a la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Puebla estipula que los gobiernos municipales solo conservarán la facultad de expedir licencias de construcción si cumplen con la actualización de sus planes de desarrollo urbano.
Con base al texto propuesto, las alcaldías que omitan este requisito perderán temporalmente dicha atribución, la cual será ejercida de forma directa por la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial del gobierno estatal.
