Por Carlos Clemente
En México, la cárcel dejó de ser castigo. En algunos casos, es centro de operaciones.
Ahí está el ejemplo de Marco Antonio García Pavón, “El Pavón”. Detenido en 2022 por narcomenudeo, asaltos y huachicol en Puebla capital. Un perfil que, en teoría, debería haber permanecido bajo control del Estado. Pero no.
Ya dentro del penal de San Miguel, “El Pavón” no se comportó como interno. Junto con otro reo, apodado “El Jaguar”, coludido con autoridades penitenciarias –de otra manera sería imposible- tomó el control de diversas áreas del centro penitenciario.
Las denuncias por la corrupción imperante no fueron aisladas. Hubo cartas dirigidas a las autoridades además de la difusión de videos.
En octubre de 2025 se exhibieron las fiestas al interior de San Miguel, donde presumían alcohol y mujeres. No fue rumor: fue evidencia.
La Secretaría de Seguridad Pública prometió una investigación “a fondo”. Nunca se conocieron resultados. Nadie informó sanciones. Nadie explicó por qué los internos señalados no fueron trasladados a otro centro penitenciario, pese a las múltiples quejas y denuncias.
El silencio institucional fue absoluto. Y el mensaje también: impunidad.
Lo ocurrido en San Miguel no apunta solo a desorden interno. Apunta a algo más grave: complicidad.
Ese nivel de control dentro de un penal no se construye sin permisos, sin acuerdos, sin la complicidad de las autoridades.
La noche del pasado martes 14 de abril, un juez ordenó la libertad de “El Pavón”. Un líder criminal que ni siquiera en prisión dejó de operar, obtuvo su libertad. Hoy está de nuevo en la calle.
El caso retrata con precisión el deterioro del sistema de justicia: se detiene, se exhibe, se somete a proceso y un juez pone en libertad al presunto delincuente. Resultó inocente.
¿Será acaso que, de 2022 a la fecha, “El Pavón” ya se reformó? @analisistv
