Por Jesús Ramos
Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Chiapas, Quintana Roo, la geografía del miedo, del terror, no se traza ya solamente por carreteras ni por fronteras estatales también se sufre por llamadas telefónicas.
Timbrados que suenan a sentencia, amenaza barata, extorsión industrializada. Su origen no viene de la selva, del monte o del desierto, surge específicamente desde los rincones carcelarios de Altamira y Matamoros en Tamaulipas, prisiones veracruzanas y Santa Martha Acatitla de CDMX.
La Secretaría de Seguridad Pública federal lo sabe, la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales tienen las coordenadas exactas. ¿Entonces por qué no actúan? En el último medio año del 2025 salieron de esos penales 120 mil llamadas de extorsión.
Trece mil de ese total se consumaron, trece mil familias pagando por vivir un día más, trece mil veces en que el Estado fue una llamada perdida. Nos dicen con tono triunfal que instalaron inhibidores de señal, que destruyeron antenas hechizas, decomisaron celulares y chips.
Pese a ello el delito creció 260 por ciento en un año sobre todo en Edomex, CDMX y Guanajuato. O los criminales son magos tecnológicos nivel NASA, o los servidores públicos de los penales les siguen suministrando artículos para que delincan a cambio de cuotas.
Porque aquí no hay misterio, hay corrupción. Corrupción interna y administrativa, custodios que miran a otro lado, directivos que firman oficios y callan, mandos que convierten la cárcel en call center criminal. Santa Martha Acatitla y los penales de Tamaulipas no son centros de readaptación social, son sucursales del terror telefónico 24/7 con venia de la autoridad.
Si el Estado ya conoce el origen de las llamadas no es que no pueda, no quiere contenerlas, el problema no es de estrategia ni de táctica, es de voluntad, o peor aún de complicidad. @analisistv
