Por Carlos Clemente
Hay dos noticias que deberían preocupar a Puebla. Sin embargo, corren el riesgo de perderse entre la rutina informativa. Sería un error. Ambas retratan una realidad que ningún gobierno quisiera reconocer: el crimen organizado gana terreno mientras la autoridad encuentra cada vez más obstáculos para ejercer el control.
La primera es reveladora. Seguridad Pública confirmó públicamente la operación de «Los Ardillos» y «Los Rojos» en territorio poblano.
Lo que durante años fue un secreto a voces dejó de ser rumor para convertirse en diagnóstico oficial. La Mixteca poblana ya no sólo colinda con Guerrero y Oaxaca; también comparte con ellos la expansión de organizaciones criminales que cruzan fronteras con la misma facilidad con la que desafían a las instituciones.
No es un dato menor. Es la aceptación de que Puebla forma parte de un corredor donde el crimen organizado encontró condiciones para extender su influencia. No de apenas, claro.
La segunda noticia también es inquietante.
En Esperanza, uno de los municipios más sensibles del estado por su ubicación estratégica en el Triángulo Rojo, por los constantes robos al transporte de carga sobre la autopista Puebla-Orizaba y el huachicol, la Guardia Nacional prácticamente ha quedado impedida para intervenir de manera directa debido a las fricciones con grupos de pobladores.
La propia Secretaría de Seguridad Pública reconoció que es la Policía Estatal la que debe asumir esas operaciones para evitar confrontaciones, como ocurrió el fin de semana tras el robo de un tráiler.
El mensaje es alarmante: existe un municipio donde una fuerza federal no puede actuar con normalidad.
Si la autoridad se ve obligada a modificar su estrategia no por decisión táctica, sino porque enfrenta resistencia para ejercer sus funciones en una zona dominada históricamente por el robo de combustible y el crimen carretero, la discusión deja de ser policiaca. Se convierte en un problema de gobernabilidad.
Las mesas de inteligencia, los mapas de calor y la coordinación con estados vecinos son importantes y necesarios. Pero también son insuficientes si la realidad sigue imponiendo sus reglas sobre el territorio.
La expansión de grupos criminales provenientes de estados vecinos y las limitaciones operativas de la Guardia Nacional en Esperanza son síntomas de un mismo fenómeno: el Estado pierde espacios donde jamás debería retroceder.
Si el Estado empieza a negociar las condiciones para hacer valer la ley, el crimen va ganando la batalla. @analisistv
Un comentario
Esto se le está complicando cada día más a el gobierno estatal y todo por solapar a los malandros del narco, haber si no les convierte un Michoacán o Sinaloa