Masip aseguró que después de 50 mesas de trabajo sigue pendiente una reglamentación que permita sancionar el uso de estas tecnologías.
Por Patricia Rayón
A más de cinco años de iniciar su lucha contra avionetas que presuntamente utilizan tecnologías para inhibir las lluvias, los campesinos agrupados en la organización Masip exigieron al Congreso de Puebla aprobar la reglamentación necesaria para hacer efectiva la prohibición contemplada en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
José Luis Leiva Machuca, representante de la organización, señaló que se han realizado más de 50 mesas de trabajo con las autoridades estatales sin que hasta ahora exista una reglamentación que establezca cómo aplicar la disposición y qué sanciones corresponderían en caso de comprobarse estas prácticas.
Mientras se resuelve el pendiente legislativo, los productores solicitaron al Gobierno de Puebla emitir un decreto que restrinja el sobrevuelo de estas aeronaves durante el ciclo primavera-verano, periodo en el que miles de campesinos dependen de las precipitaciones para sacar adelante sus cultivos de temporada.
José Luis Leiva aseguró que las principales afectaciones se concentran en el Valle de Tehuacán, la Mixteca poblana y oaxaqueña, así como parte de la Sierra Negra.
También cuestionó que, después de varios años de denuncias, no se haya determinado quiénes son los propietarios de las aeronaves ni los lugares desde donde presuntamente operan.
El representante de Masip aclaró que no existe una acusación jurídica contra alguna empresa en particular; sin embargo, consideró necesario investigar quién utiliza las avionetas y determinar qué sustancias o tecnologías emplean para establecer si existe alguna relación con las alteraciones de las precipitaciones denunciadas por los productores.
A la falta de reglamentación se suma otro pendiente: la entrega de los resultados de un estudio realizado para identificar partículas en suelo, agua y atmósfera de diferentes comunidades.
De acuerdo con la organización, esos datos podrían aportar elementos para esclarecer las denuncias que han realizado durante los últimos años.
Ante la falta de avances, José Luis Leiva advirtió que los campesinos analizan realizar manifestaciones para exigir una respuesta de las autoridades y aclaró que los productores no se oponen a la inversión privada ni a la generación de empleos, pero demandan que las actividades empresariales respeten la legislación y no afecten la producción agrícola de la región.
