Por Carlos Clemente
En México —y en Puebla— el secuestro es una herida abierta. Pero la herida supura cuando quienes portan el uniforme del Estado usan su poder para delinquir, y cuando un juez, con toga y martillo, decide mirar hacia otro lado.
Eso ocurrió en San Martín Texmelucan.
En octubre de 2023, dos jóvenes de 27 y 28 años fueron privados de la libertad por sujetos que se hicieron pasar por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Exigieron 50 mil dólares de rescate. La historia no terminó ahí: los secuestradores resultaron ser un elemento activo de la Guardia Nacional y un militar desertor.
Aun así, quedaron libres.
El responsable de esa absolución es el juez Celestino Martínez Bones, quien desechó, una por una, las 22 pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado de Puebla.
Desestimó los testimonios de las víctimas. Ignoró las declaraciones de vecinos, policías municipales y mandos de la propia Guardia Nacional. Minimizaron el aseguramiento de armas oficiales, los registros balísticos, los videos de cámaras de vigilancia, los mensajes telefónicos, las geolocalizaciones de celulares y los indicios que vinculaban el vehículo Jetta utilizado con otros hechos delictivos.
Para el juez, nada fue suficiente.
El padre de una de las víctimas decidió romper el silencio. Alzó la voz y pidió la intervención de la Fiscalía Anticorrupción y del Consejo de la Judicatura para investigar el actuar de Martínez Bones, un juzgador que —según los denunciantes— acumula un historial de resoluciones polémicas, siempre favorables a presuntos delincuentes.
El caso es aún más grave: los imputados, un elemento en activo de la Guardia Nacional y un militar retirado, enfrentan otro proceso penal por portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Aun así, la justicia decidió creerles más a ellos que a las víctimas.
Cuatro personas fueron detenidas por este secuestro agravado. Dos ya fueron absueltas. Las familias temen que las otras dos corran la misma suerte y lo que es peor, temen por su seguridad.
Hoy, las víctimas no solo cargan con el trauma del secuestro. Cargan con el miedo, la desprotección de la justicia y la certeza de que el sistema que debía cuidarlas decidió liberar a los victimarios.
Cuando la ley secuestra y la justicia absuelve, el mensaje es claro: en Puebla, el crimen no solo se infiltra en las calles, también se sienta en los estrados del poder Judicial. @analisistv
Un comentario
Lamentable lo ocurrido; sin embargo, sin justificar la actualización del susodicho juzgador, también deben investigar el actuar del Ministerio Público en su conjunto (policías, agentes investigadores, peritos y desde luego el titular de la fiscalía correspondiente).