Por Carlos Clemente
En Huejotzingo, el acoso sexual tiene cómplices con cargo público. Ni el presidente municipal, Roberto Solís Valles, ni el cabildo completo —mujeres incluidas— movieron un solo dedo la semana pasada ante la denuncia pública hecha en sesión de Cabildo por la regidora de Igualdad y Derechos Humanos, Noralith Ponce Reyes, quien señaló haber sido víctima —junto con al menos otras cuatro mujeres— del director de Bienestar, Miguel David Oliver Elías.
Lejos de recibir respaldo institucional, la regidora se topó con el muro de la indiferencia. Ante la omisión y protección brindada al presunto agresor, decidió alzar la voz en redes sociales. En un video, visiblemente afectada, expresó sentirse “impotente” al constatar que “el gobierno de Huejotzingo defiende a un acosador”.
Su testimonio es demoledor: ningún regidor o regidora la apoyó, nadie pidió investigar, nadie exigió la suspensión del funcionario. “No hicieron nada, lo están defendiendo”, reprochó con frustración. La pregunta es inevitable: ¿qué tipo de compromisos tiene el alcalde con su director de Bienestar para mantenerlo intocable, incluso con múltiples denuncias sobre la mesa?
Ponce Reyes relató que presentó su queja desde junio pasado ante el coordinador de regidores. Han pasado meses y el acusado sigue despachando como si nada. Ni la reciente exposición del caso en sesión de Cabildo —ya con nombres y acusaciones públicas— provocó reacción alguna. El silencio institucional es, en este caso, la forma más clara de complicidad.
La regidora asegura que no piensa callar y que acudirá a las instancias correspondientes. De la Secretaría de la Mujer estatal —que encabeza Yadira Lira Navarro—, recibió una llamada en la que le dijeron tener “mucho interés” en su caso, pero nunca volvieron a comunicarse. Hoy, además de indignada, la regidora teme por su integridad.
Y si eso le ocurre a una regidora, con voz y cargo público, ¿qué pueden esperar las mujeres comunes de Huejotzingo? La respuesta está en los números: los delitos contra la libertad y seguridad sexual se dispararon 55% de enero a septiembre de este año respecto al mismo periodo de 2024.
El abuso sexual creció 60%, el acoso sexual 50%, el hostigamiento sexual 200%, las violaciones simples 71%, las equiparadas pasaron de cero a cuatro casos, y la violencia familiar aumentó 14%, según cifras oficiales de la Fiscalía estatal.
El caso de Noralith Ponce Reyes no es un hecho aislado: es el reflejo de un gobierno que calla ante el abuso, de autoridades que protegen al agresor y de una estructura institucional que castiga más a quien denuncia que a quien agrede.
¿Hasta cuándo seguirán tolerando deficiencias, excesos, omisiones y complicidades del presidente Roberto Solís Valles? @analisistv
