Por Anahí Valdez
Suman 343 plazas docentes recuperadas, que se entregaron de manera irregular por administraciones desde el 2015, como parte de la auditoría que inició hace siete meses al interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La revisión se ordenó desde el mes de noviembre del año pasado, actualmente, se encuentra cargo de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, de acuerdo al titular de la dependencia estatal, Manuel Viveros Narciso.
De manera inicial se sometieron a análisis un total de 2 mil 300 asignaciones; sin embargo, los indicios hallados en el proceso, llevaron a las autoridades estatales a extender la muestra hasta 7 mil puestos de trabajo.
A la par, se procedió con la remoción de al menos 10 personas que se encontraban en puestos de segundo y tercer nivel.
En consecuencia, se promovieron seis denuncias penales contra funcionarios y exservidores públicos, que en su momento, estuvieron relacionados con la facilitación burocrática de estos espacios.
Incluso el coordinador del Gabinete Estatal, Jose Luis García Parra, reconoció que a pesar de que algunos delitos se prescribieron, exhibirían las “mañas” que utilizaron los gobiernos de Acción Nacional (PAN) para beneficiar esta red de corrupción.
El objetivo principal de esta auditoría no sólo era establecer esta situación de centros de trabajo, sino también, el proceso de otorgamiento de Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE).
La amplitud del periodo de investigación abarcaba un total de diez años, lo que obliga a auditar la gestión de siete extitulares, entre los que se encuentran Jorge Benito Cruz Bermudez y Patricia Vázquez del Mercado (Gobiernos Moreno Valle y Gali Fayad); Miguel Robles Bárcena (Gobiernos Alonso Hidalgo y Pacheco Pulido); Melitón Lozano Pérez y José Luis Sorcia Ramírez (Gobierno Barbosa Huerta); Isabel Merlo Talavera y Jorge Estefan Chidiac (Gobierno Céspedes Peregrina).
