Por Jesús Ramos
El expediente de Mariana Trinitaria y la Alianza Felicidad puede ser reabierto este mismo año, el mismo que se aperturó en 2019 cuando Miguel Barbosa gobernaba el estado y Liz Sánchez era la responsable de la Secretaría del Bienestar.
La historia de defraudación contra miles de familias poblanas inició con la firma de un convenio de la hoy senadora y lideresa del Partido del Trabajo con la citada Congregación para llevar apoyos a familias vulnerables.
Fue grande la promesa de tinacos, calentadores, láminas, materiales de construcción, ampliación de espacios del hogar y viviendas. Alrededor de 30 municipios reclamaron que los apoyos dejaron de llegar.
Familias que habían aportado sus ahorros para obtener esos beneficios nunca los recibieron. Sólo en Puebla capital habitantes de 16 colonias denunciaron cobros por apoyos que no recibieron.
El gobierno estatal transfirió recursos a los municipios participantes del orden de 150 millones de pesos. Posteriormente surgieron cuestionamientos sobre el destino de esos recursos y requerimientos de información de parte de la Auditoría Superior del Estado y la Secretaría de la Función Pública.
San Andrés Cholula transfirió 28 millones de pesos a construcciones y Aplicaciones Gresajo para realizar 170 acciones de vivienda, mismas que jamás se hicieron para desgracia del mismo número de familias defraudadas.
No se ha aclarado dónde quedaron tantos millones de pesos y por qué cientos de familias se quedaron esperando. Existen expedientes, claro que los hay, auditorías, contratos, transferencias, empresas y denuncias en planes de abrirse nuevamente.
El gobierno del estado se comprometió a dar viviendas y otros beneficios en aquel entonces a través de la Secretaría del Bienestar. Los millones de pesos liberados no son una cifra que pueda sepultarse fácilmente o que los hogares de más bajos recursos lo hayan olvidado.
La Congregación Mariana Trinitaria se deslindó de las irregularidades relacionadas con la construcción de viviendas. Sostuvo que había cumplido con la parte que le correspondía, lo que obliga a mirar otra vez a la parte del convenio firmado en aquel entonces por Liz Sánchez.
Los defraudados fueron familias que confiaron en un programa social anunciado desde el gobierno del estado, se trató de ciudadanos del más bajo estrato social esperanzados a una vivienda, un tinaco o calentador. La reapertura del expediente resolvería quién o quiénes se quedaron con las trasferencias y las aportaciones de la gente. @analisistv
