Por Luis Camacho
El Congreso del Estado de Puebla ha puesto en la mira a las constructoras y transportistas que han convertido las barrancas y ríos de la capital en vertederos clandestinos.
Una nueva iniciativa de reforma busca no solo elevar las sanciones económicas, sino atacar directamente la operatividad de quienes infringen la ley mediante el aseguramiento de maquinaria y vehículos.
La propuesta, impulsada por el diputado Elpidio Díaz, plantea un incremento en las multas, situándolas en un rango de 6 mil a 10 mil pesos.
Aunque la cifra podría parecer conservadora para grandes empresas, el legislador subrayó que el verdadero golpe vendrá con el decomiso de las unidades sorprendidas en flagrancia.
Más allá de la estética urbana, la iniciativa responde a una urgencia de protección civil, pues el depósito ilegal de escombro es un factor crítico de riesgo durante la temporada de lluvias.
El diputado señaló que al obstruir los cauces naturales, estos materiales se convierten en diques que provocan inundaciones en zonas vulnerables.
En ese sentido, informó que los «puntos rojos» detectados incluyen La Resurrección, específicamente en la barranca aledaña al Estadio Cuauhtémoc y el Río Atoyac.
El legislador reconoció que parte del problema radica en la falta de alternativas legales, pues el municipio de Puebla cuenta actualmente con solo dos bancos de tiro oficiales.
Para solucionar este déficit, adelantó una colaboración estratégica con el gobierno de Alejandro Armenta, pues el plan contempla una expansión ambiciosa de la infraestructura ambiental
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