@analisistv
Claudia Pardo García, madre de Aranza, la niña de siete años que murió durante los hechos violentos registrados el pasado 29 de octubre en Matamoros, denunció que el helicóptero que presuntamente disparó contra su familia no solamente hirió de muerte a la pequeña, sino que también persiguió y disparó contra sus otros hijos cuando intentaban escapar.
Todo comenzó cuando una de sus hijas manifestó tener miedo por la presencia de la aeronave. Poco después escuchó una fuerte detonación y su hija mayor le avisó que Aranza había sido alcanzada.
Para poner a salvo a sus hermanos, el adolescente comenzó a mover la camioneta en reversa, pero, de acuerdo con la denuncia de su madre, la aeronave los siguió y volvió a disparar.
Al intentar bajar, descubrió que también estaba herida de una rodilla y cayó al suelo. “Entonces yo lo que hago con mi niña en brazos es arrastrarme hacia una parcela”, contó.
Sin embargo, aseguró que el helicóptero continuaba sobrevolando el lugar, mientras su esposo reclamaba a los tripulantes por lo ocurrido. La situación se agravó cuando su hijo de 13 años recibió la instrucción de buscar ayuda con su abuelo.
Para poner a salvo a sus hermanos, el adolescente comenzó a mover la camioneta en reversa, pero, de acuerdo con la denuncia de su madre, la aeronave los siguió y volvió a disparar.
La mujer sostuvo que sus otros hijos también estuvieron en riesgo de morir, pues los disparos continuaron mientras intentaban alejarse del lugar. El caso permanece bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, que busca establecer la procedencia y determinar las responsabilidades por los hechos.
El fiscal del estado, Jesús Eduardo Govea Orozco informó que la investigación balística se concentra en un arma larga calibre 7.62 transportada en el helicóptero de la corporación estatal.
En la aeronave viajaban el piloto y otros tres elementos con armamento reglamentario. La Fiscalía trabaja en relacionar el proyectil recuperado con el arma utilizada y reunir los elementos para solicitar las órdenes judiciales correspondientes.
De manera paralela, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) abrió un procedimiento mediante su área de Asuntos Internos.
Govea también rechazó describir la muerte de Aranza como un daño colateral, expresión utilizada por el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero. “Hablar de daño colateral es un término que no aplica en lo que a nuestra responsabilidad concierne”, sostuvo.
Sobre posibles responsabilidades de los mandos que planearon y ejecutaron el operativo, el fiscal señaló que se analizará el contexto de los hechos. Hasta este jueves no había anunciado detenciones.
