Anahí Valdez
Está en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la investigación sobre una presunta venta de menores de edad a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, en anteriores administraciones.
Así lo confirmó el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, mismo que fue cuestionado durante la conferencia matutina de este martes, sobre la situación que aguarda este el desarrollo de este proceso legal.
Sentenció, que su gobierno no protegerá ni perseguirá nadie sin importar de quien se trate, por lo que se deberá de acatar la ley y aplicar las sanciones correspondientes si es que se encuentra algún tipo de delito cometido.
Si alguien hace cosas irregulares o comete algún tipo de extorsión, aún cuando está disfrazado de otra actividad, mencionó que no es un tema que le corresponda al Poder Ejecutivo, sino de las autoridades.
“El gobierno no es Ministerio Público ni es Juez. El gobierno tiene tareas ejecutivas, entonces, quien violente la ley se somete al escrutinio de la ley, nada más”, reveló.
En caso de que existan denuncias ante la Fiscalía, en el marco de su autonomía, deberá de realizar las investigaciones y procesos que le correspondan, sin presiones por parte del Estado.
Armenta Mier comentó que en el algunos casos, cuando tuvo conocimiento de la liberación de una orden de desalojo a una comunidad campesina, únicamente manifestó su rechazo, sin ningún otro tipo de injerencia.
La denuncia por comercialización de infantes se hizo durante la administración estatal de Luis Miguel Barbosa Huerta, quien durante su transición gubernamental, afirmó la detección de este ilícito.
Dichos casos, supuestamente fueron documentados, y en su momento, aseguró que se reunirían las pruebas correspondientes con las que confirmarían que se estaba realizando esta operación.
