Por Jesús Ramos
Los hijos de Adriana cargarán para siempre una imagen imposible de borrar. La tendrán grabada en la memoria con la misma profundidad con que se marcan las tragedias infantiles, golpes, gritos, angustia, desesperación, impotencia.
Su madre tirada en el suelo, sometida por policías municipales, inmovilizada por una uniformada que le montó encima para impedirle levantarse, rodeada de agentes que terminaron esposándola y llevándosela a empellones. Para un adulto pudieron ser minutos, para aquellos niños fue una eternidad.
Ningún menor merece observar a su madre convertida en objetivo de la fuerza pública, ningún niño debería aprender que la autoridad puede humillar a quien se le antoje, ningún gobierno que presume valores familiares, religiosos y morales tendría que exponerlos a semejante escena.
Los derechos humanos de esos menores fueron vulnerados. Su derecho a una vida libre de violencia fue atropellado delante de todos a través de videos de los propios policías. Y lo más preocupante es que el ayuntamiento de San Andrés Cholula parece no comprender la dimensión del daño.
El secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala reveló que de los 250 policías municipales contratados por la administración de Guadalupe Cuautle, 152 carecen de certificación. Una cifra que debería encender todas las alarmas.
Porque cuando una corporación opera con semejante déficit de profesionalización, el riesgo de excesos, abusos y comportamiento animal deja de ser posibilidad para convertirse en amenaza permanente.
La ironía es brutal, un municipio gobernado por una mujer terminó validando el uso desproporcionado de la fuerza contra una mujer y sus hijos, vulnerando en ambos casos sus derechos humanos y garantías individuales.
La conducta de Adriana podrá generar opiniones encontradas. Hubo incluso comunicadores a sueldo de Guadalupe Cuautle que le criticaron e intentaron justificar la brutalidad policiaca. Pero el comportamiento de una ciudadana jamás constituye una licencia para que la autoridad ignore los límites legales que regulan el uso de la fuerza.
La ley no funciona de forma ilimitada, la ley existe precisamente para contener los excesos del poder. Por eso resulta lamentable la reacción institucional de la alcaldesa Cuautle que en lugar de reconocer posibles errores y ordenar una investigación, en vez de eso, protegió a los policías involucrados.
Parte del ecosistema mediático poblano decidió colocarse del lado del poder municipal, lo hizo minimizando los hechos, justificando lo injustificable. Patético. Degradante. Cuando un periodista decide autocensurarse para no poner en riesgo un contrato publicitario deja de ejercer el periodismo para convertirse en vocero oficial.
Los niños de Adriana observaron aquel episodio desde la posición más dolorosa posible, la de víctimas indirectas de un abuso de autoridad, imágenes que no se borrarán de su memoria con boletines ni con la defensa de una autoridad y una alcaldesa a todas luces indefendible. Con los niños no. @analisistv
