La investigación apunta a tres contratos para lavar vehículos oficiales entre 2022 y 2024, cuyos servicios no habrían sido comprobados conforme a la ley.
Por Patricia Rayón
Roxana Lili Campos Miranda, exalcaldesa panista de Playa del Carmen, Quintana Roo, fue detenida en la Ciudad de México por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con contratos públicos que habrían ocasionado un daño al patrimonio municipal superior a 62 millones de pesos.
La orden de aprehensión fue ejecutada el pasado jueves 19 de noviembre por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
La investigación se concentra en tres licitaciones adjudicadas entre 2022 y 2024 a un particular para realizar el lavado especializado de vehículos de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, donde la autoridad detectó diferencias entre la flotilla disponible, los servicios reportados y la documentación utilizada para justificar los pagos.
De acuerdo con la Fiscalía, el Ayuntamiento contaba con una flotilla de 123 vehículos, mientras que los contratos llegaron a reportar hasta 865 lavados mensuales.
La empresa encargada del servicio tenía 15 empleados y, según las cifras investigadas, se registraban alrededor de siete servicios mensuales por cada unidad si se distribuían los lavados de manera uniforme.
Otro de los elementos bajo investigación es que el proveedor no contaba con los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI) correspondientes a los primeros contratos, pese a que continuó recibiendo pagos con recursos municipales.
La Fiscalía también indaga si funcionarios responsables de supervisar los contratos omitieron verificar que los servicios fueran efectivamente prestados y estuvieran debidamente documentados.
Lili Campos fue presidenta municipal de Solidaridad entre 2021 y 2024, periodo en el que gobernó bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN).
Los contratos investigados corresponden precisamente a los ejercicios de 2022, 2023 y 2024, cuando todavía se encontraba al frente del Ayuntamiento.
La exalcaldesa quedó a disposición de las autoridades judiciales, que deberán determinar su situación jurídica y valorar los elementos presentados por el Ministerio Público.











