Por Carlos Clemente
Un grupo de alumnos lleva casi tres meses sin clases. La Dirección de Educación Especial decidió, de forma unilateral y arbitraria, cerrar en septiembre la secundaria del CAM Jean Piaget, donde estudiaban 24 niños y adolescentes sordos. Desde entonces, el silencio institucional ha sido la única respuesta que han recibido.
Pese a que un juez y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla ordenaron medidas cautelares y exigieron reanudar las clases, la Secretaría de Educación Pública, bajo la gestión de Manuel Viveros Narciso, simplemente ha decidido no acatar al cien por ciento las resoluciones.
En los hechos, ha ignorado el mandato judicial y los llamados del organismo defensor de derechos humanos.
El 27 de octubre pasado, un juez concedió el amparo para que los alumnos sordos recibieran clases de manera inmediata, protegiendo así su derecho constitucional a la educación.
Sin embargo, la SEP estatal optó por el desacato disfrazado de cumplimiento: ofreció enviarlos al turno vespertino, donde no existe un docente capacitado en Lengua de Señas Mexicana. En otras palabras, los deja exactamente en las mismas condiciones de exclusión.
La cerrazón de la Dirección de Educación Especial es tan incomprensible como indignante. No hay argumento pedagógico ni administrativo que justifique negar educación a un grupo de niños que, además, enfrentan una doble barrera: la del lenguaje y la de la indiferencia oficial.
Los padres de familia interpusieron su queja desde el 1 de septiembre. La CDH Puebla intervino hasta semanas después y emitió medidas cautelares urgentes para que los menores fueran atendidos. Pero la SEP, en lugar de corregir, ha prolongado el agravio: los estudiantes siguen sin clases, rezagados en sus estudios y abandonados por el sistema que debería protegerlos.
Se trata de una violación flagrante y sostenida al derecho a la educación. No hay argumento pedagógico, administrativo ni presupuestal que lo justifique. La única explicación posible es la indolencia institucional: una autoridad que no escucha, no atiende y no quiere entender.
En Puebla, el derecho a la educación parece tener condiciones y excepciones. La ley protege, los jueces resuelven, la Comisión exhorta, pero la SEP no escucha. Y lo más grave: trata con oídos sordos a quienes más necesitan ser escuchados. @analisistv
