Anahí Valdez
El Senado de la República emitió un exhorto para que las autoridades federales inicien una investigación contra la multinacional Danone y su filial mexicana, Bonafont, por las denuncias de sobreexplotación de mantos acuíferos y prácticas de «greenwashing» en la comunidad de Santa María Zacatepec, en el estado de Puebla.
La solicitud de acción, que fue aprobada en la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático y ahora espera su votación en el Pleno, mediante la cual busca que se actúe en respuesta de lo que las comunidades denuncian como un ecocidio con más de cuatro años.
El punto de acuerdo, impulsado por el senador Luis Armando Melgar Bravo, apunta directamente a tres pilares del gobierno federal, exigiéndoles acciones concretas.
Uno de ellos es la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a quien se le insta a la evaluación inmediata de las concesiones de Bonafont con el objetivo de revocarlas o modificarlas si se comprueba que son contrarias al interés público, ambiental y comunitario.
La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), por otro lado, debe de investigar de forma transparente e inmediata las denuncias de las comunidades sobre la sobreexplotación.
Además, tiene el mandato de certificar que las estrategias de sostenibilidad hídrica global de Danone, como su Plan 4R, no solo sean mercadotecnia, sino que incluyan justicia ambiental y la reparación del daño ecológico y social.
En el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la solicitud se centra en un informe detallado del impacto ambiental de las actividades extractivas, que debe incluir el análisis del socavón de grandes dimensiones que apareció en terrenos de cultivo de Zacatepec y que las comunidades ligan directamente a la extracción desmedida de agua.
El senador Melgar Bravo calificó el caso como un ejemplo de «greenwashing», misma que se va a en la estrategia corporativa de simular responsabilidad ambiental para proteger intereses económicos.
A pesar de que Danone promueve una política global de sostenibilidad hídrica, la acusación es que su filial en Puebla ha priorizado el lucro sobre los derechos humanos y ambientales, extrayendo entre 1.4 y 2 millones de litros diarios, cifra muy por encima del 0.09 por ciento del acuífero que la empresa ha manejado en su discurso.
Cabe recordar que en 2021, habitantes de la región del Izta-Popo, tomaron la planta de la embotelladora y la mantuvieron ocupada por más de un año, hasta un desalojo con fuerza pública en febrero de 2022.
Pese al desalojo, la presión ciudadana logró el cierre del pozo de extracción, obligando a Bonafont a reconfigurar la planta de embotelladora a un simple «centro de distribución» después de permanecer cerrada por 17 meses.
