Acusan a Jorge Alberto Lezama de incumplir amparos por agua en San Gabriel Chilac

El abogado Tomás Calderón Alfaro anunció denuncias ante la FGR contra el alcalde y dirigentes de los ramales por incumplir suspensiones que ordenan restablecer el servicio.

Por Servando Medina

El presidente municipal de San Gabriel Chilac, Jorge Alberto Lezama Martínez, y los responsables de los ramales de agua podrían enfrentar denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntamente incumplir resoluciones de jueces federales que ordenan restablecer el suministro de agua potable a varias familias del municipio.

El abogado Tomás Calderón Alfaro informó que promoverá las denuncias por el presunto delito de violación a suspensiones definitivas de amparo, ldespués de que las autoridades municipales y los representantes de los ramales ignoraran las órdenes emitidas por juzgados federales. Explicó que el conflicto surgió tras el corte del servicio de agua a varios habitantes, quienes fueron sancionados con una multa de 50 mil pesos, medida que calificó como arbitraria e ilegal.

En representación de siete familias, algunas de ellas con menores de edad y adultos mayores, la defensa promovió siete juicios de amparo. Como resultado, los jueces concedieron suspensiones provisionales y posteriormente tres suspensiones definitivas que obligan a restablecer de inmediato el suministro de agua. Sin embargo, Tomás Calderón aseguró que las resoluciones no han sido acatadas de manera permanente.

El labogado señaló que, aunque una de las suspensiones fue cumplida de forma temporal, las autoridades volvieron a interrumpir el servicio, lo que, a su juicio, constituye un desacato a una orden judicial. Por ello, adelantó que recurrirá a la vía penal para que la FGR investigue la actuación del alcalde, del presidente del Ramal Central y del representante de los ramales locales.

Además, recordó que el incumplimiento de una suspensión definitiva de amparo está catalogado como un delito en la Ley de Amparo, por lo que buscará que se finquen responsabilidades y se garantice el respeto a los derechos de las familias afectadas.

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