BINE: el corrupto mecanismo de concursos y designación de cargos

Por Carlos Clemente

Un corrupto mecanismo en la realización de concursos y designación de cargos quedó al descubierto con el cúmulo de denuncias por la simulación del último proceso de selección de los nuevos directores de las Licenciaturas del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE).

En la columna previa, conté cómo la mafia del BINE, a través de un Comité Evaluador a modo, designado por el director Adrián Cortés Sánchez, condujo un proceso cuestionado desde su origen y que, según las inconformidades presentadas, terminó favoreciendo a incondicionales y cercanos, mientras excluía a docentes con experiencia y trayectoria.

Pero hay un caso que exhibe todavía con mayor claridad la manipulación del procedimiento y, sobre todo, la incapacidad —o la negativa— de funcionarios de la SEP Puebla para resolver conforme a derecho.

Le cuento.

El 17 de agosto, una vez publicada la convocatoria, una docente interesada envió toda la documentación requerida para participar.

De inmediato, el 18 de agosto, recibió un correo electrónico del Comité Evaluador instalado por la Subsecretaría de Educación Superior, notificándole que incumplía la Base II de la convocatoria.

El argumento, que no cumplía con los requisitos relacionados con la adscripción a la licenciatura de su interés y que estaba impedida para participar por estar ejerciendo, supuestamente, la función de directora de una de las licenciaturas señaladas en la Base I.

La docente no se quedó de brazos cruzados.

Envió un escrito a Lizbet Martínez Moreno, subsecretaria de Educación Superior, con atención al propio Comité Evaluador y a Cutberto Cantorán Espinosa, director de Formación Docente, para solicitar la reconsideración de su caso y el reconocimiento de su derecho a participar.

Su argumento era claro.

Su orden de adscripción establece como centro de trabajo la Dirección General del BINE. Cuenta sí, con un nombramiento de “comisión provisional” para atender asuntos administrativos y académicos de la dirección mientras se determina la titularidad correspondiente.

Una comisión provisional, no un nombramiento como directora. Y esa diferencia no es menor. Jurídicamente resulta improcedente equiparar una comisión provisional con el nombramiento de directora al que se refiere la Base II de la convocatoria.

Pero en lugar de resolver, comenzó el juego de la bolita.

La subsecretaria de Educación Superior y el director de Formación Docente se declararon incompetentes para atender el planteamiento y remitieron el asunto al Comité Evaluador.

Vaya manera de ejercer la autoridad.

El 24 de agosto, a través del área jurídica de la Subsecretaría de Educación Superior, la respuesta fue contundente en un sentido: no resolverían.

El oficio señala: “…su solicitud no se considera un caso no previsto, esta Subsecretaría de Educación Superior está impedida para entrar al fondo del asunto, ya que es función del Comité evaluador”.

Por su parte, Cutberto Cantorán Espinosa, director de Formación Docente —área de la que dependen las Escuelas Normales—, respondió también por mail: “…esta Dirección no es la encargada de dicho proceso, por lo tanto, no se cuenta con atribuciones para conceder favorablemente su petición hecha valer por ese medio electrónico”.

Y entonces vino lo peor.

El 26 de agosto, ante la falta de respuesta de las áreas involucradas, la docente llevó el caso a la Dirección General del Jurídico y de Transparencia de SEP central.

Pidió algo elemental: que se revisara jurídicamente el supuesto incumplimiento de los requisitos y la legalidad de su exclusión del proceso.

La respuesta fue, por decir lo menos, desconcertante.

El Jurídico de la SEP se limitó a señalar que “los resultados del presente instrumento serán definitivos e inapelables…” y que “los casos no previstos serán resueltos por la Subsecretaría de Educación Superior”.

Es decir, el Jurídico regresó el asunto precisamente a la Subsecretaría de Educación Superior.

A la misma instancia que previamente ya se había declarado incompetente para resolverlo.

El círculo perfecto de ineptitud e incapacidad.

Nadie resuelve. Nadie entra al fondo. Nadie ofrece una razón jurídica para explicar por qué una comisión provisional debe ser considerada equivalente al ejercicio formal de una dirección, pero además no existe tal nombramiento.

Todos se pasan la responsabilidad. Nadie la sume.

Si el procedimiento es cuestionado, las instituciones tienen la obligación de explicar y fundamentar sus decisiones. No de esconderse detrás de oficios.

Este caso cobra todavía mayor relevancia por el resultado al que, finalmente, condujo el proceso.

Mediante este procedimiento amañado fue como se abrió el camino para que resultara ganadora Sibiu Sánchez Barrera, quien ya ocupó el cargo, pese a ser licenciada en Relaciones Internacionales. Sin perfil, pues.

Sánchez Barrera formó parte del petit comité que viajó a Europa en febrero de 2024, viaje que ha sido señalado por el uso de cuotas de mantenimiento aportadas por padres de familia, durante la gestión del entonces director del BINE, el impresentable Andrés García Castillo.

No es un asunto menor.

Estamos hablando del BINE, una institución de enorme prestigio educativo en Puebla, cuya historia y función pública deberían estar muy por encima de intereses de grupo, cuotas de poder y designaciones a conveniencia.

La acumulación de inconformidades, llegó al escritorio del secretario de Educación, Manuel Viveros Narciso, quien habría puesto la lupa sobre las irregularidades. Hasta ahora no se ha entregado un solo nombramiento a los nuevos directores.

A la mafia que controla el BINE y a los incompetentes funcionarios de la Subsecretaría de Educación Superior se les puede caer el teatro. @analisistv