Por Luis Camacho
Bajo el argumento de que existe una «persecución política» para frenar su carrera hacia las elecciones de 2027, la exalcaldesa de Cuautlancingo, María Guadalupe Daniel Hernández, arremetió contra la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa.
Lo anterior, luego de que se busca inhabilitarla durante 10 años e imponerle una sanción de 7.6 millones de pesos, sin embargo, responsabiliza directamente a la actual administración municipal por el conflicto legal.
En conferencia de prensa junto a su equipo legal, la exedila por Morena sostuvo que las acusaciones sobre faltas administrativas graves no son más que un intento deliberado por sacarla de la contienda electoral.
«Nos quieren sacar del camino. Quiero comentarles que no voy a callarme, que no voy a bajarme; da la casualidad que es un tema de ataque político, pero ya no solamente es un ataque político, es un ataque personal hacia mi familia, hacia mi hija, hacia mis hijos», denunció.
De acuerdo con el abogado defensor, Raúl Andrade Osorio, el caso legal deriva de la adquisición de dos predios cuyo pago y proceso de escrituración quedaron inconclusos.
Explicó que el adeudo y la falta de formalización de los trámites responden a omisiones de la gestión en funciones encabezada por el edil Omar Muñoz, por lo que desestimó que la responsabilidad jurídica recaiga en la exalcaldesa.
Para refutar que exista una traba legal inmediata, Daniel Hernández exhibió una constancia de no inhabilitación expedida por el Gobierno del Estado de Puebla, aclarando que la resolución del Tribunal aún no se encuentra en firme y forma parte de un procedimiento administrativo todavía en curso.
Pese al litigio en puerta, la expresidenta municipal ratificó que mantendrá sus aspiraciones firmes para buscar nuevamente la candidatura de Morena a la alcaldía en 2027, mientras su representación legal combate el fallo por las vías jurisdiccionales correspondientes.
