Por Carlos Clemente
El presidente municipal de Xicotepec, Carlos Barragán Amador, puso el dedo en la llaga: exhibió la opacidad en el manejo de los recursos que ingresaron al ayuntamiento durante la gestión previa de Guadalupe Vargas, en un solo rubro: Industria y Comercio.
Según los datos presentados por el propio alcalde, en su primer año de gobierno incrementó en 300 por ciento los ingresos respecto a lo reportado por su antecesora. Y eso no es menor: la diferencia equivale a casi 40 millones de pesos no reportados durante los dos periodos de la expriista y hoy diputada local por el PVEM.
En medio de la crisis por el desastre natural que golpeó a la Sierra Norte, Barragán decidió abrir otro frente: el de la transparencia. Aseguró que su obligación es dar a conocer cómo encontró las finanzas municipales.
Los números son claros: del 15 de octubre de 2023 al 15 de octubre de 2024 —último año de la administración de Guadalupe Vargas— se reportaron ingresos por apenas 2 millones 200 mil pesos en el área de Industria y Comercio. En cambio, del 15 de octubre de 2024 al 15 de octubre de 2025, el nuevo gobierno municipal reportó 8 millones 800 mil pesos.
Un salto de 300 por ciento, que el propio presidente resumió como la diferencia entre “productividad y honradez”.
Traducido: 6 millones 600 mil pesos más en un solo año.
Si se proyecta esa diferencia a los seis años que gobernó Guadalupe Vargas, la brecha rondaría los 40 millones de pesos.
Después, el alcalde intentó matizar: dijo que no se trata de exhibir a nadie, sino de cumplir con su deber de informar al pueblo. Pero el golpe ya estaba dado.
La hoy diputada local del Partido Verde —e hija del polémico Ardelio Vargas Fosado— gobernó Xicotepec de 2018 a 2021 y repitió de 2021 a 2024 bajo las siglas del PRI. En 2024 cambió de bandera, se vistió de verde y, de la mano de Morena, volvió a ganar en las urnas.
El señalamiento del alcalde no solo expone una disputa política: retrata una práctica vieja, arraigada y descarada en los municipios poblanos. Alcaldes que manejan el dinero público como si fuera botín personal, que esconden información, maquillan cifras y confunden la rendición de cuentas con un favor, no con una obligación.
La pregunta cae por su propio peso:
¿A dónde fueron a parar esos recursos que no ingresaron a las arcas del ayuntamiento?
Y más aún, si eso pasó en un solo rubro, ¿cuánto más se ocultó o desvió durante los seis años de gobierno?
La respuesta, como siempre, está enterrada entre expedientes que nadie revisa, contralorías que no ven y auditorías que llegan tarde, si es que llegan.
Por eso, en muchos ayuntamientos, la transparencia no es política pública: es una amenaza.
Porque si la aplicaran, más de uno quedaría al descubierto. @analisistv
