Regidores de Acatlán desmienten amenazas de “Los Rojos” y acusan cortina por irregularidades

Por Anahí Valdez

Regidores del municipio de Acatlán de Osorio negaron públicamente que el grupo delictivo conocido como “Los Rojos”, atente contra la seguridad de la alcaldesa Guadalupe Lucero Bárcenas, a quien acusaron de distraer la atención de anomalías administrativas en la demarcación.

En su arribo al zócalo de Puebla para exhibir la crisis que atraviesa la demarcación, la regidora Maracruz Bello Nacer afirmó que las declaraciones de la funcionaria constituyen una estrategia para eludir la responsabilidad por las inconsistencias financieras y operativas denunciadas.

Incluso detalló que, debido a los señalamientos que los propios integrantes del Cabildo han realizado en torno a la falta de transparencia, diversos regidores han sido objeto de amenazas de muerte directas. Ante este escenario, informaron que ya presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para solicitar de manera formal medidas de protección.

Asimismo, expusieron que la presidenta municipal incurre en opacidad al pretender que se aprueben dictámenes presupuestales sin proporcionar la información ni la documentación que los sustente, obligándolos a votar bajo desconocimiento.

En ese sentido, manifestaron la existencia de un criterio selectivo por parte de las autoridades estatales en la asignación de medidas de seguridad, dado que el Gobierno del Estado desplegó protocolos de protección inmediata tras las declaraciones públicas de Lucero Bárcenas.

Sin embargo, las denuncias formuladas por los regidores desde el año 2024 ante la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Dirección de Gobierno no han recibido respuesta ni asignación de resguardo.

Los servidores públicos concluyeron que el panorama delictivo busca disolver las inconformidades de la población, al tiempo que rechazaron la exigencia de las autoridades de Gobernación para retirar las protestas civiles actuales bajo el argumento de que la estabilidad política de la demarcación compete al Estado y no a los denunciantes.

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