Por Anahí Valdez
El estado de Puebla puso en marcha el diseño de una red de planes para reconfigurar el aprovechamiento del territorio en tres de sus zonas geográficas clave: la región del volcán Iztaccíhuatl-Popocatépetl, la Sierra Norte y el Parque Bicentenario.
Según el proyecto, el objetivo central de esta estrategia es determinar la capacidad de carga de cada ecosistema y establecer límites al impacto humano antes de desarrollar nuevos proyectos de infraestructura.
A través de la Secretaría de Desarrollo Turístico, la administración estatal evalúa variables ambientales, urbanas y sociales para frenar el crecimiento desordenado de la mancha urbana y delimitar qué actividades están permitidas y cuáles quedan prohibidas en estas reservas.
El plan para el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl consiste en la creación de un modelo de zonificación que dividirá el territorio en tres categorías: áreas permitidas, condicionadas y prohibidas.
Las reglas técnicas prohíben la edificación de infraestructura invasiva, restringiendo las obras exclusivamente a:
- Instalación de servicios básicos de bajo impacto ambiental.
- Colocación de señalética interpretativa y educativa.
- Acciones de conservación y manejo de la vegetación nativa.En el norte del estado, la intervención se divide en dos estrategias complementarias, donde la primera consiste en un plan regional para ordenar la movilidad, la conectividad y el impacto ambiental compartido entre los municipios de Zacatlán y Chignahuapan.
La segunda es un esquema de contención específico para el Valle de Piedras Encimadas, mediante el cual se busca proteger las formaciones rocosas del desgaste causado por el turismo masivo, regulando las actividades recreativas.
Estas acciones se complementarán con la modernización de la carretera intermunicipal, la instalación de un vivero forestal y la creación del Museo de la Manzana.
El tercer eje se concentra en el Parque Bicentenario, ubicado en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacan. Al ser un espacio bajo la presión de la zona urbana de la capital, se plantea transformar el parque en un centro de restauración ecológica activa e investigación científica, donde el acceso del público estará estrictamente controlado.
Las obras no dependerán únicamente de los recursos del presupuesto estatal, sino que se abrirán canales para captar inversión del capital privado y aportaciones de organismos internacionales.
