Por Carlos Clemente
El discurso oficial insiste en que se combate el robo de combustible. Las cifras oficiales cuentan otra historia. Una mucho más incómoda.
Puebla se convirtió en el primer lugar nacional en tomas clandestinas de gas LP durante el primer trimestre de 2026. El llamado “huachigas” no sólo sigue vivo: crece, se expande y se consolida.
Los números de Pemex hablan.
En apenas tres meses, la entidad acumuló 157 tomas clandestinas en ductos de gas LP. Un aumento de 35.34% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 116 casos.
Traducido a la realidad: en Puebla se detectó una toma ilegal cada 13 horas con 57 minutos.
Más grave todavía: el estado concentró el 52.51 por ciento de todas las tomas clandestinas de gas LP registradas en el país. Es decir, una de cada dos perforaciones ilegales ocurrió en territorio poblano.
Pese a operativos, retenes y estrategias de seguridad, los ductos siguen siendo ordeñados con una precisión casi industrial.
El mapa del delito deja ver algo todavía más preocupante: existe una operación extendida y perfectamente territorializada.
Tepeaca encabezó la lista con 44 casos. Le siguieron Tlahuapan con 30, Los Reyes de Juárez con 17 y San Martín Texmelucan con 14. Después aparecen municipios históricamente ligados al robo de combustible: Acatzingo, Amozoc, Acajete, Quecholac, Tecamachalco y Palmar de Bravo.
Los mismos nombres. Las mismas rutas. Los mismos focos rojos de siempre.
El problema ya no puede maquillarse.
El panorama empeora cuando se revisa el robo de hidrocarburos. Puebla se ubicó en el octavo lugar nacional con 103 tomas clandestinas, un incremento de 49.28% respecto al año pasado. Una perforación ilegal cada 21 horas.
Huauchinango lideró con 51 casos, seguido de Ahuazotepec con 30. La zona norte del estado vuelve a confirmar que el crimen organizado mantiene control operativo sobre corredores estratégicos de combustible.
A nivel nacional, el robo de hidrocarburos aumentó 4.87 por ciento. El de gas LP subió 6.79 por ciento. Es decir: el delito avanza pese a discursos.
El reporte del INGAVIM Observatorio Ciudadano, elaborado con datos de Petróleos Mexicanos, es contundente: no existen condiciones favorables para contener el delito.
La razón es simple y brutal. La cadena ilegal sigue siendo rentable. Genera beneficios económicos, sociales y políticos dentro del círculo criminal.
Ahí está el verdadero fracaso.
Porque el huachicol dejó de ser solamente un problema de seguridad. Hoy es una economía paralela. Una estructura regional. Un negocio que corrompe autoridades, financia redes criminales y normaliza la ilegalidad en comunidades enteras.
En tanto, los gobiernos reaccionan tarde, administran cifras y celebran decomisos que no modifican el fondo del problema.
Las estadísticas, crudas, exhiben la derrota institucional. @analisistv
