Por Anahí Valdez
Agrupaciones de búsqueda de personas presentaron un recurso judicial en contra de la fiscal general de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, tras detectar que la dependencia local ha evitado la vinculación continua y automática de sus archivos con el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF).
El recurso se enmarca en un litigio de alcance nacional promovido por familiares de personas no localizadas contra las 32 instancias de procuración de justicia de las entidades federativas, además de la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos.
El recurso señala la omisión de las autoridades poblanas en el envío automatizado de elementos genéticos, datos dactilares e información sobre cuerpos o restos sin identificar hacia el sistema centralizado.
Esta falta de articulación directa entre las bases locales y la herramienta nacional frena las coincidencias de datos en los expedientes de búsqueda, lo que entorpece el rastreo y la identificación de las víctimas fuera de las fronteras estatales.
Frente a este escenario, las familias exigen la estandarización técnica inmediata y la alimentación ininterrumpida de los expedientes forenses en el BNDF para acatar la normativa vigente en la materia.
Cuestionan opacidad en el desempeño de la base nacional
En el escrito se resalta la falta de transparencia sobre la efectividad del sistema, aun cuando desde diciembre de 2022 se formalizaron los acuerdos institucionales para la integración de datos y la plataforma comenzó sus funciones en 2023.
La omisión de los órganos de procuración de justicia provoca que diversos hallazgos sigan sin ser cotejados ni devueltos a sus allegados, acumulándose en instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) o en fosas comunes.
