Por Carlos Clemente
En los penales de Puebla no manda la autoridad: mandan el dinero, el miedo y la corrupción.
Autogobiernos, tráfico de drogas, cobro de cuotas y privilegios para quien puede pagar son parte de la rutina. Y si eso ocurre en los cuatro centros administrados por el estado, en los once que dependen de los ayuntamientos la situación es todavía más grave.
El sistema penitenciario poblano está entre los peores del país: ocupa el quinto lugar nacional con calificación reprobatoria, según el diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. No es percepción, es evaluación oficial.
Huejotzingo, San Andrés y San Pedro Cholula, Tepeaca, Zacatlán, Tehuacán, Acatlán y Puebla capital concentran las condiciones más precarias. Hacinamiento, corrupción y ausencia de control real.
Las recomendaciones se acumulan. Los diagnósticos se archivan. Nada cambia.
La reciente fuga en el penal de San Pedro Cholula —con apoyo de un custodio hoy detenido— no es un hecho aislado: es la confirmación de un sistema roto.
Los once penales municipales han demostrado que los ayuntamientos no tienen ni la capacidad operativa ni la estructura administrativa para garantizar orden, legalidad y derechos humanos. Donde no hay capacidad, florece la ilegalidad.
Si el gobierno estatal asume el control, no será un capricho político, será una necesidad institucional. Pero no basta con cambiar de mando: se requiere inversión real, profesionalización, inteligencia y vigilancia permanente.
Porque hoy los CERESOS no están readaptando a nadie. Están perfeccionando el crimen. @analisistv
Un comentario
Todos los penales son manejados por las autoridades corruptas, es un hecho que solo cambian de administración más no el manejo de la misma corruptela