Por Luis Camacho
Los diputados del Congreso denunciaron deficiencias graves en el servicio de Agua de Puebla, cobros abusivos y un contrato de concesión diseñado presuntamente para blindar a la empresa frente a sus incumplimientos.
El presidente del Poder Legislativo, Pável Gaspar, criticó a la concesionaria, sentenciando que “Agua de Puebla no sirve para nada y cobra muy caro”, especialmente para los sectores más vulnerables.
El legislador aseguró que existe un malestar generalizado entre los habitantes de colonias, unidades habitacionales y juntas auxiliares, quienes diariamente padecen un desabasto crónico y tarifas que calificó de «excesivas e intimidatorias».
Pavel Gaspar afirmó que la crisis actual del agua en la entidad no se debe a la escasez natural del recurso, sino a lo que denominó un “atraco bien planeado y legalizado”, el cual inició en 2013 durante la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle.
Por su parte, la diputada Lupita Vargas remarcó la inconformidad del Legislativo con los resultados entregados por la empresa en la capital, pues solo ha cumplido 9 de los 31 compromisos establecidos en el título de concesión.
Reconoció que el contrato original fue «armado» de tal manera que vuelve financieramente casi imposible una revocación directa, sin embargo, enfatizó que las distintas bancadas siguen buscando alternativas legales para retirarle la concesión a la empresa.
En sintonía con estas demandas, la diputada por Movimiento Ciudadano, Fedrha Suriano, solicitó formalmente que se realice una auditoría forense al título de concesión de Agua de Puebla.
La legisladora señaló que esta auditoría busca detectar causas de incumplimiento imputables directamente a la empresa, lo que ofrecería la ruta jurídica necesaria para rescindir el contrato sin que implique un costo multimillonario para las finanzas públicas del estado.
