Las autoridades estatales aseguraron que no se incurren en persecución, ni omisión, sobre la inversión fallida en Banco Accendo en Puebla, luego de la haber sancionado a dos exfuncionarios públicos.
Anahí Valdez
A través de un comunicado, la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno enfatizó que la justicia no tienen colores ni excepciones, además que la administración actual actúa con apego a la Ley.
El titular de la dependencia, Alejandro Espidio Reyes, calificó como un «fraude» lo que la ex secretaria de Finanzas, María Teresa Castro Corro realizó en perjuicio del erario público del Estado de Puebla.
Además, reveló que por estas acciones fueron sancionados dos exservidores públicos, por lo que ninguna persona, institución o servidor público, sin importar su cargo, posición económica o militancia política, puede sustraerse de la responsabilidad.
Dejó en claro, que cuando se incurre en un posible comportamiento ilícito o acción indebida, la administración estatal actúa con determinación, en conformidad con el marco legal vigente y siguiendo los principios del debido proceso.
La Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Poder Judicial impusó una multa por 362 millones 997 mil 678 pesos por concepto de “indemnización” contra Castro Corro, cantidad que representa el 60 por ciento del quebranto total a las arcas públicas.
Aunado a una inhabilitación de 20 años para ocupar cualquier cargo público, debido a que el daño patrimonial excede las doscientas veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
