Por Carlos Clemente
El gobierno federal vuelve a convocar a foros, consultas y mesas de diálogo para escuchar a los pueblos indígenas. Habrá sedes regionales, documentos técnicos, metodologías de análisis y una nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos. Todo luce impecable en el papel. El problema es que la realidad camina por otro sendero.
Mientras el discurso oficial habla de reconocimiento, inclusión y justicia histórica, cientos de comunidades siguen esperando lo más elemental: que el propio gobierno les entregue los recursos que les corresponden por ley.
El caso de Santa María La Alta, en Tlacotepec de Benito Juárez, retrata con crudeza esa contradicción. Sus habitantes han tenido que recurrir a protestas y bloqueos carreteros para exigir partidas presupuestales previamente etiquetadas y que, a mitad del año, simplemente no han llegado.
¿De qué sirve consultar una nueva ley si el Estado incumple las que ya existen?
¿Tiene sentido organizar consultas con los pueblos indígenas cuando éstos tienen que cerrar carreteras para que el gobierno realmente los atienda?
La deuda con los pueblos originarios no se salda con discursos, ceremonias ni consultas. Se paga con presupuesto, obras, hospitales, escuelas. Todo lo demás corre el riesgo de convertirse en mera simulación. Como históricamente ha ocurrido.
Puebla ocupa el cuarto sitio nacional en población indígena con un millón 43 mil personas pertenecientes a siete pueblos originarios. El 90% de esta población se concentra en 76 municipios.
Los pueblos indígenas no necesitan más promesas. Necesitan que el gobierno deje de administrarlos desde el discurso y comience, por fin, a cumplirles en la realidad. @analisistv
Un comentario
Al final sus encuestas terminan maquilladas, y nunca dan resultados ah pero que tal en tiempos electorales ahí si hasta universidades les prometen construir en sus comunidades 🤤 inches gobiernos de todos los colores son iguales 🟰