Por Carlos Clemente
La muerte de Odelia no fue un accidente médico: fue una violación grave y sistemática a los derechos humanos de una mujer indígena en Puebla.
Organismos no gubernamentales han solicitado formalmente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) atraiga el caso de Odelia Coello Márquez, mujer indígena náhuatl originaria de Cuitzala, municipio de Coyomeapan, quien murió en el Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán como consecuencia —denuncian— de violencia obstétrica.
Ante la omisión absoluta de las autoridades estatales, al menos una veintena de organizaciones civiles dirigieron un escrito a la instancia nacional para exigir la atracción del caso, al considerar que se trata de una violencia específica y estructural que padecen las mujeres indígenas en México. No es un hecho aislado, advierten: es un patrón.
Odelia tenía 32 años y cursaba un embarazo de 34 semanas. Murió luego de que personal médico le practicara una cesárea sin su consentimiento informado, poniendo en riesgo no sólo su vida, sino también la del bebé. Se violentaron los derechos de tres personas: la madre, el recién nacido y el esposo.
Los hechos ocurrieron el 2 de marzo de este año. Odelia y su esposo acudieron al Hospital Comunitario de Zoquitlán para una consulta. Ahí les informaron que el producto estaba en riesgo, pero también les dijeron que no podían atenderla: el hospital carecía del equipo necesario. La indicación fue trasladarse por su cuenta a Tehuacán, ante la falta de una ambulancia.
Cinco horas de viaje en transporte público. Cinco horas con una mujer embarazada en riesgo. Alrededor de las cuatro de la tarde ingresó al Hospital de la Mujer y Neonatología de Tehuacán. A partir de ese momento, el silencio institucional. Su esposo no volvió a saber de ella sino hasta las siete de la mañana del día siguiente, cuando le informaron —sin mayores explicaciones— que su esposa había fallecido.
¿Qué ocurrió durante esas horas? Nadie lo ha explicado. Lo único que se sabe es que le practicaron una cesárea sin su consentimiento y que el bebé tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital del Niño Poblano, en la capital del estado.
Familiares y organizaciones sostienen que lo ocurrido constituye una violación grave y sistemática a los derechos humanos: falta de información, ausencia de consentimiento, trato indigno, negligencia médica y discriminación por condición étnica y social.
El escrito dirigido a la CNDH señala que la carencia de recursos humanos y materiales en los hospitales públicos no es un accidente, sino una responsabilidad institucional, consecuencia directa de la desigualdad estructural. A ello se suma —subrayan— un trato discriminatorio hacia las mujeres indígenas, que enfrentan de manera cotidiana prácticas médicas deshumanizadas y violentas.
La falta de equipamiento, la precariedad de la infraestructura hospitalaria y una posible negligencia médica son señaladas como causas centrales de la muerte de Odelia.
Mientras tanto, en Puebla, las autoridades de la Secretaría de Salud y la Fiscalía han optado por el carpetazo. Y la Comisión de Derechos Humanos del Estado, una institución que debería ser contrapeso y defensa, simplemente no existe en los hechos: no ha intervenido, no ha investigado, no ha acompañado a las víctimas. La CDH Puebla y su presidenta, Rosa Isela Sánchez Soya, son simples figuras decorativas.
En Puebla, los derechos humanos de las mujeres indígenas no sólo se vulneran: se abandonan. Sin defensa, sin verdad y, hasta hoy, sin justicia. @analisistv
