Por Carlos Clemente
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le puso un alto al Congreso de Puebla. Invalidó el delito de “ciberasedio”, esa figura incluida en el Código Penal local en 2025, cuya redacción —por decir lo menos— dejaba más dudas que certezas.
El problema no era menor. El artículo 480 abría la puerta a interpretaciones peligrosamente amplias: no delimitaba con precisión qué conductas constituían delito y, en los hechos, podía meter en el mismo saco a un agresor digital y a cualquier ciudadano ejerciendo su libertad de expresión en redes sociales.
La Corte fue clara. Una norma penal no puede construirse sobre ambigüedades. La falta de precisión vulnera principios básicos como la legalidad y la seguridad jurídica. Traducido al español de a pie: no se puede castigar lo que no está claramente definido.
El proyecto, respaldado por la mayoría del pleno, evidenció además otro problema: la innecesaria duplicidad. Como lo señaló el ministro Hugo Aguilar Ortiz, el llamado “ciberasedio” ya estaba contemplado, en esencia, dentro del delito de ciberacoso. Es decir, no solo era confuso, también redundante.
El fallo no se queda en lo teórico. Ordena al Congreso corregir la plana y deja sin efectos cualquier denuncia o procedimiento iniciado bajo ese tipo penal. Un borrón jurídico que exhibe la fragilidad de una ley mal diseñada.
Desde Morena intentan matizar el golpe. El diputado Pavel Gaspar reconoce —con razón— que el acoso digital es un problema real, particularmente para niñas, niños y adolescentes. Y la Corte no dijo lo contrario. Lo que dejó claro es que combatirlo con herramientas mal hechas no solo es ineficaz, sino peligroso.
Cuando una ley es ambigua, el riesgo es evidente: su aplicación queda a discreción. Y en un país donde el poder suele estirar la liga, eso puede convertirse fácilmente en un mecanismo de censura.
Del otro lado, la diputada Susana Riestra lo dijo sin rodeos: la norma violaba el principio de legalidad y abría la puerta a la arbitrariedad.
El fondo del asunto es incómodo para el oficialismo. Legislar al vapor, con motivaciones poco claras y sin rigor técnico, termina así: la Corte corrigiendo lo que el Congreso no supo —o no quiso— hacer bien desde el inicio.
Legislar de manera improvisada o por consigna, no es la vía.
Morena y su grupo legislativo ¿aprenderán la lección? @analisistv
