Por Carlos Clemente
En el Congreso del Estado ocurre una paradoja que raya en el absurdo: quienes deberían vigilar la legalidad de los procesos internos son, de acuerdo a información interna del propio Legislativo, los primeros en torcerlos.
El nombre que aparece en el centro de esta historia es: Susana Luna Chico.
Durante la LXI Legislatura trabajó como responsable de auditoría externa del despacho ARH Consultores S.C., propiedad de Germán Reyna y Herrero, hoy titular de la Auditoría Superior del Estado de Puebla (ASE). Aquella relación le abrió después la puerta para integrarse al Congreso como prestadora de servicios.
Su paso inicial terminó mal: tras conflictos con el entonces director administrativo, fue despedida junto con su equipo.
Pero la política —y el Congreso— suelen tener memoria corta.
Al arrancar la LXII Legislatura, Luna Chico regresó al Legislativo con un cargo clave: Coordinadora de Auditoría Interna y Control del Órgano Interno. Desde ahí debía revisar adquisiciones, arrendamientos y servicios, realizar auditorías internas y atender observaciones de la ASE.
En pocas palabras: vigilar que hubiera cero irregularidades.
Sin embargo, información al interior del Congreso refieren versiones muy distintas sobre su actuación. Se le señala de tolerar —e incluso facilitar— procedimientos de adjudicación maquillados, favorecer a proveedores previamente “elegidos” y validar concursos arreglados.
Nada menor para alguien cuya tarea era precisamente evitarlo.
En menos de un año, dicen sus cercanos, estrenó auto, multiplicó viajes —incluidos recorridos por Europa— y acumuló semanas de vacaciones a discreción.
Mientras tanto, su área acumulaba errores. Uno de ellos terminó afectando la evaluación del Congreso en materia de transparencia. El costo político lo pagó otro: Hervey Rivera González.
Ella, simplemente fue movida de puesto. Hoy ocupa la Coordinación de Responsabilidades Administrativas: el área encargada de investigar y sancionar a servidores públicos que incurran en faltas.
Una ironía institucional. Susana está al frente de un área legal siendo ella contadora, no abogada. Cómo va a determinar responsabilidades administrativas, sin tener la formación que marca la ley. Pero algo más, le toca revisar el actuar de quien firmó su nombramiento. Un absurdo.
Porque ahora le tocará revisar y dictaminar una de las quejas más incómodas dentro del propio Congreso: la denuncia contra el impresentable secretario general Julio Leopoldo de Lara Varela por haber ocultado durante seis meses una controversia constitucional.
¿Actuará con rigor quien es señalada por tolerar irregularidades?
¿O el Congreso que lidera el morenista Pavel Gaspar volverá a demostrar que los guardianes de la ley suelen ser los primeros en burlarla? @analisistv
