Por Anahí Valdez
A raíz de la exoneración de diez policías implicados en la muerte de tres pobladores del municipio de Coyomeapan, el diputado local Julio Huerta Gómez, se deslindo de las aprehensiones que se giraron en esa entonces, y su vez, acusó que el procedimiento ha sido a consecuencia de las decisiones del Poder Judicial.
Después de cuatro año de la emboscada, el morenista fue cuestionado sobre reciente liberación de los uniformados, a lo que respondió que la única información que tiene es “lo que todo el mundo supo”.
Con antelación, indicó que hubo una orden del secretario de Seguridad Pública (SSP) del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, para que ningún elemento acudiera a la zona del conflicto; sin embargo, mencionó que no fue acatada y tiempo después se encontraron indicios que los vincularon con este caso.
Ante la insistencia de los medios de comunicación por los cuestionamientos, afirmó que a pesar de que hay versiones que lo señalan como presunto responsable, se excusó en que hasta el momento no ha sido citado a comparecer y desconoció que exista alguna carpeta de investigación.
Huerta Gómez incluso dijo lamentar que las autoridades judiciales no pudieran dar -en su momento- con quienes participaron en el triple homicidio.
“Yo lamento que no se haya dado con los responsables, que la autoridad judicial no haya determinado, entonces, quién fue el responsable”, agregó.
Por ello, solicitó al juez que dé a conocer quién fue la o el operador de este caso, además de que dijo no estar seguro de que exista encubrimiento por parte de las autoridades.
Esto surge luego de que el Tribunal de Enjuiciamiento absolvió a los policías estatales acusados del asesinato de Omar Herrera Raymundo, de apenas 15 años; Teófilo Barrera Herrera, de 24; y Marcelo Carrera Reyes, de 45 años.
Lo anterior, derivado de un conflicto político que se dio en 2021 cuando la comunidad indígena desconoció el cacicazgo regido por la familia Celestino Rosas, por lo que tomaron la presidencia municipal, y esto desencadenó el uso excesivo de la fuerza que fue condenado por la misma Organización de las Naciones Unidas.
