Debido a que no existe vialidad en la renovación de la concesión a Agua de Puebla para Todos, el gobernador Alejandro Armenta Mier buscará que la empresa cumpla con las obras que prometió realizar.
Anahí Valdez
En la conferencia matutina, reveló que es alto el costo para echar abajo este contrato con la concesionaria, dado que representaría un gasto de aproximadamente de 10 mil millones de pesos y un litigio.
Pese a las insistencias de diferentes actores para esta decisión, indicó que en los gobiernos del “viejo régimen” permitieron la explotación fue un modelo de extracción del desarrollo.
Aprovechó para recriminar que se permitió complicidad entre funcionarios públicos y autoridades para hacer esto posible, por lo que una alternativa para abatir esta problemática es pedir que atiendan con las obras pactadas.
“No podemos ahorita por decreto decir, vamos a cancelar la concesión de agua, nos costaría 10 mil millones de pesos, lo que íbamos a pagar por el Barroco. ¿Quién nos da esos 10 mil millones de pesos?”, cuestionó.
Este acuerdo se haría en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el Poder Judicial y la Consejería Jurídica para garantizar el cumplimiento de la inversión de la empresa.
Y es que evidenció que la empresa no cumplió con las labores previstas, toda vez que tuvo el amparo de la anterior Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a cargo de la exministra Norma Piña Salazar.
Armenta Mier enfatizó que a su administración se le heredó una deuda de más de 3 mil millones de pesos, por una serie de “obras inexistentes”, que contribuyeron al daño de las arcas estatales.
En ese sentido, destacó que el legado de la Cuarta Transformación será el cuidado al medio ambiente, toda vez que la obra del sexenio será la recuperación del Río Atoyac durante su actual administración.
