Por Carlos Clemente
Concesiones Integrales S.A. de C.V., mejor conocida como Agua de Puebla, está en aprietos. Y apuro no es menor: no logra acreditar, con documentos en mano, una inversión de 300 millones de pesos que forma parte de las obligaciones establecidas en su título de concesión.
El dato no es un tecnicismo. Es el corazón del contrato.
Hoy, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (Soapap) revisa expediente por expediente. Y lo que encuentra —o mejor dicho, lo que no encuentra— es revelador: no hay rastro documental sólido que confirme esa inversión durante el periodo auditado.
Dicho sin rodeos: la concesionaria presume millones, pero no puede probarlos.
Aún no hay denuncia formal. Pero el análisis está por concluir, y el resultado puede convertirse en dinamita legal. Porque de confirmarse el incumplimiento, no solo se trata de una falta administrativa: se abren las puertas para cuestionar la viabilidad misma de la concesión.
Este será el punto incómodo en la comparecencia de hoy ante el Congreso local. Ahí, los responsables de la empresa deberán responder no solo por números, sino por resultados: finanzas, calidad del servicio y una larga lista de quejas por cobros indebidos.
Aunque, siendo francos, el antecedente no invita al optimismo. En ejercicios similares, los legisladores han preferido la cortesía y el silencio al cuestionamiento. Son agachones, pues.
Por eso, más que el Congreso, la mirada debe centrarse en el gobierno estatal: qué hacer frente a una concesionaria que no acredita lo que dice invertir.
Porque mientras en los papeles aparecen millones, la realidad es otra: fallas en el abasto, saneamiento inexistente y ciudadanos hartos de pagar sin tener agua en sus domicilios.
¿La 4T seguirá tolerando el atropello de Agua de Puebla en contra de los ciudadanos? @analisistv
Un comentario
Un fraude más de este gobierno, ya no es novedad que sigan saqueando con total impunidad y que no tengan algún castigo los que abusan de el poder.