Por Jesús Ramos
Entre hoy y el sábado la Auditoría Superior del Estado de Puebla iniciará una auditoría forense al ayuntamiento de Acatlán de Osorio para verificar cómo y de qué manera han sido utilizados los recursos públicos de ese municipio en el lapso de octubre del 2024 a mayo del 2026.
Información obtenida por los regidores que solicitaron la revocación de mandato de la alcaldesa Guadalupe Bárcenas, especifica que el despacho de auditores que realizará el trabajo contable meterá la lámpara en los rincones donde normalmente habitan secretos ocultos.
Después de año y nueve meses de la actual administración se conocerá cómo se han ejercido millones de pesos del presupuesto público hasta hoy en el limbo. No es poca cosa. Ocultar información financiera en tiempos donde seguir la ruta del dinero es relativamente fácil resulta una ingenuidad.
Por eso la auditoría forense que está por comenzar no es un trámite administrativo cualquiera, es una cirugía mayor, donde el personal autorizado revisará contratos de obra pública, adjudicaciones directas, licitaciones, compras y adquisiciones.
Los integrantes del cuerpo edilicio y presidentes auxiliares han denunciado durante meses malos manejos, secrecía en la información pública y un control excesivo sobre las finanzas municipales.
Hasta ahora todo eso ha quedado en meros señalamientos, sin embargo, pronto podrían convertirse en hallazgos… o absoluciones, de eso se trata, de ejecutar una auditoría seria, separar los rumores de los documentos y las sospechas de las pruebas.
La revisión buscará responder preguntas elementales que ningún gobierno honesto debería tener. ¿A quién se le asignaron las obras, bajo qué criterios se dio dinero público? ¿Existieron licitaciones reales o simulaciones? ¿Los bienes adquiridos corresponden a los montos pagados? ¿Hubo competencia real o favoritismo?
Auditarán los contratos y la adquisición de bienes y servicios porque fueron parte de los acuerdos alcanzados por los regidores en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, pero también porque la solicitud de revocación de mandato de la presidenta municipal así lo exige.
La alcaldesa tiene la oportunidad inmejorable de demostrar que sus críticos exageran y que el dinero público fue bien aplicado. El problema es que cuando durante casi dos años se mantienen ocultos los contratos, la imaginación colectiva llena los espacios vacíos con sospechas. @analisistv
