Por Luis Camacho
En respuesta a las polémicas declaraciones de las diputadas locales Nayeli Salvatori y Grace Palomares sobre personas mayores, la asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público A.C. inició la recolección de firmas para promover una iniciativa ciudadana bautizada mediáticamente como la «Ley Salvatori».
La propuesta busca evitar que personas sin formación legal ocupen una curul en el Congreso del Estado de Puebla, planteando como requisito obligatorio que los legisladores cuenten con título y cédula profesional de Licenciados en Derecho.
El proyecto de la organización civil pretende modificar el Artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, pues actualmente, dicho artículo únicamente exige tres requisitos básicos para aspirar al cargo de diputado propietario o suplente.
La iniciativa plantea adicionar una fracción IV a este precepto constitucional para establecer taxativamente: «IV. Contar con cédula profesional de Licenciado en Derecho.”
De acuerdo con el documento presentado por la A.C., la exigencia responde a que la función principal del Poder Legislativo es la elaboración de leyes, decretos y reglamentos.
Los promotores sostienen que contar exclusivamente con profesionales del Derecho garantizaría un perfil técnico y los conocimientos jurídicos necesarios para elevar la calidad sustancial del trabajo legislativo.
Asimismo, la organización fundamenta su petición en el marco del derecho humano a un buen gobierno y a una buena administración pública, argumentando que el artículo 1º de la Constitución Federal ampara el cumplimiento de estándares mínimos de capacidad técnica en los servidores públicos.
Esta acción ciudadana surge como un contrapeso ante lo que la asociación califica como improvisación dentro del Poder Legislativo local, buscando sentar un precedente sobre los requisitos profesionales requeridos para representar a la ciudadanía en la máxima tribuna del estado.
