El convenio reconoció el derecho de los pobladores para decidir sobre los fondos destinados a su comunidad.
Por Patricia Rayón
Tras varios días de manifestaciones que incluyeron el cierre de la carretera federal Puebla–Tehuacán y la toma de la Presidencia Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez, la comunidad indígena de Santa María la Alta alcanzó un acuerdo con autoridades estatales y municipales para la administración directa de los recursos públicos que le corresponden.
Después de cinco horas de negociaciones, las partes involucradas formalizaron un convenio que reconoce el derecho de la comunidad a decidir sobre la aplicación de los fondos destinados a su desarrollo.
El acuerdo establece que será la Asamblea General de Santa María la Alta la instancia encargada de definir el destino de los recursos para atender las necesidades prioritarias de sus habitantes.
Durante la gestión, participó como mediador el subdirector jurídico del Instituto Poblano de los Pueblos Indígenas, David Archundia López, quien acompañó al comité comunitario para garantizar la legalidad del proceso y el respeto a la autonomía de la comunidad.
En la firma, participaron representantes del comité encabezados por José Flores Flores, así como autoridades del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, integrantes del cabildo y funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y de la Secretaría de Gobernación estatal.
El conflicto se originó porque los pobladores de Santa María la Alta denunciaron que el Ayuntamiento reportó una población cercana a mil 200 habitantes, cuando el más reciente censo del INEGI registró más de siete mil personas, situación que redujo significativamente los recursos que les eran asignados a través de los fondos de participaciones federales y del FORTAMUN.
