Anahí Valdez
Los grupos delictivos más peligros en el estado de Puebla, son “los delincuentes disfrazados de políticos, que se vuelven empresarios”, acusó el gobernador Alejandro Armenta Mier, al señalar que contribuyeron a saquear el erario público.
En la conferencia matutina de este lunes, lanzó una crítica hacia estas figuras, las cuales se dedicaron a enriquecerse desde cargos públicos como presidentes municipales o gobernadores en la entidad poblana.
Armenta Mier enfatizó que el móvil de estos individuos es la ambición de poder, impulsada por el hecho de ser “delincuentes”, a través de compras y obras públicas que generan ganancias ilícitas.
Explicó que la corrupción se llevaba a cabo mediante una complicidad histórica entre distintas áreas del gobierno y los contratistas, un esquema operaba especialmente cuando una obra estaba por terminar.
Y es que, reveló que se ponían de acuerdo con el área de Finanzas y de Infraestructura para inventar “vicios ocultos” o extensiones de obra, y de esta manera, casi duplicar el valor de los trabajos.
No solo limitó su acusación a los exfuncionarios y empresarios, sino que denunció la complicidad del Poder Judicial en esta red de corrupción, que supuestamente utilizaban para legitimar el fraude.
“Con la complicidad del Poder Judicial, porque era toda una red de corrupción: ministros, jueces, abogados, que defendían supuestamente al gobierno, pero que eran cómplices de esos empresarios”, agregó.
Corre investigación en catastro y Registro Público por corrupción.
A su vez, Armenta Mier reveló la existencia de nuevos casos de corrupción detectados en el Registro Público de la Propiedad y Catastro, los cuales ya han sido denunciados formalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
“No vamos a encubrir actos de corrupción. No se vale jugar con la necesidad de la gente. Se acabaron los tiempos de impunidad”, sentenció.
Según la denuncia del Ejecutivo estatal, la corrupción se centraba en la agilización de trámites, un proceso vital para la certeza jurídica de la propiedad en el estado.
Detalló que algunos funcionarios habrían estado exigiendo sobornos de hasta 10 mil pesos para acelerar trámites que, en condiciones normales, suelen tardar meses y a cambio de dicho pago, prometían entregar la documentación en un plazo tan breve como 24 horas.
