Anahí Valdez
Familiares de Personas Privadas de la Libertad (PPL) en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, Puebla, se manifestaron para exigir la intervención de las autoridades ante una ola de abusos, torturas, extorsiones y cobros indebidos que, aseguran, sufren los internos.
El bloque se hizo la mañana de este viernes, en el Camino al Batán y la incorporación al Periférico Ecológico, como una forma de visibilizar a través de lonas y pancartas, los problemas que enfrentan los internos de este lugar.
De acuerdo con sus testimonios, sus familiares son víctimas de maltrato físico y psicológico, además de existe una exigencia constante de dinero por parte de personal penitenciario para garantizar seguridad o permitir visitas, servicios, e incluso para evitar ser agredidos.
Señalan directamente a Rubén y Miguel Primitivo Hernández, como los encargados de comercializar con sustancias ilícitas, además de Marcos Pavón, alias “El Nenuco”, de ser quien opera con una red de renta de celulares.
Ante esto, piden la intervención inmediata de las autoridades estatales para sanear el centro penitenciario, castigar a los responsables y garantizar que se respeten los derechos humanos de las personas que se encuentran bajo custodia del Estado.
Aunque la protesta se centra especialmente en la crisis de derechos humanos, hay antecedentes de gobernabilidad, toda vez que ha sigo foco de señalamientos previos que incluyen el hallazgo de un bebé sin vida y la presencia de autogobierno.
La denuncia actual de los familiares no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un historial de irregularidades y violencia que ha caracterizado a este espacio.
Otros de los momento críticos de son el ocurrido en enero de 2022, cuando fue descubierto el cuerpo sin vida del bebé Tadeo de tres meses de edad dentro de un contenedor de basura en el penal, donde las investigaciones revelaron que fue ingresado de forma clandestina al centro penitenciario.
El suceso evidenció la corrupción y ausencia total de controles de seguridad en los accesos, lo cual derivó en la detención y vinculación a proceso de al menos 21 empleados del penal, incluyendo directivos y custodios, por su presunta colusión.
Investigaciones posteriores al caso Tadeo sacaron a la luz la existencia de un autogobierno y una red de corrupción que permitía la operación de una infraestructura ilegal dentro del penal, conocida como «El Pueblito».
Se encontraron y destruyeron más de 100 construcciones ilegales, incluyendo farmacias, restaurantes, gimnasios, peluquerías e incluso «privados para encuentros íntimos».
También, se estimó que esta red generaba ganancias ilegales de hasta 3 millones de pesos a la semana.
