Estado pagó al Ayuntamiento por publicidad en paraderos pese a litigio por concesión

Por Luis Camacho

El Gobierno del Estado realizó pagos al Ayuntamiento de Puebla por concepto de derechos para anunciarse en los paraderos y estructuras municipales antes de que el contrato formal para la operación de este concepto publicitario entre en funciones de manera definitiva.

De acuerdo con el presidente de la Comisión de Movilidad Leonardo Rodríguez, la condición jurídica de la infraestructura le permite al Ayuntamiento emitir autorizaciones temporales y en consecuencia, ejercer el cobro de los derechos correspondientes a cualquier actor, incluido el gobierno estatal.

Lo anterior luego de que el servicio se ha visto envuelto en un complejo proceso litigioso y en la resolución de diversos amparos, sin embargo, el espacio público no han dejado de ser propiedad del Gobierno de la Ciudad.

Leobardo Rodríguez explicó que el marco legal vigente permite al municipio tasar el uso de estas estructuras por día o por mes, obligando a los interesados a cubrir los montos establecidos en la Ley de Ingresos, sin importar que el contrato principal del concepto publicitario aún no esté operando de forma regular.

El regidor subrayó que el Ayuntamiento mantiene la facultad de otorgar permisos provisionales y que cualquier entidad pública o privada que decida utilizar los paraderos propiedad de la Comuna debe pasar por las arcas municipales.

“Incluso el propio Gobierno del Estado pudo haber este pagado los derechos para anunciarse en estos espacios, porque están aparte están definidos en la Ley de Ingresos el costo este que se tiene que cubrir por por día, por por mes”, mencionó.

Actualmente los paraderos en la Calzada Ignacio Zaragoza se encuentran visiblemente tapizados con publicidad oficial sobre obras de bacheo y programas sociales de la administración de Alejandro Armenta específicamente en zonas de alto flujo como la Calzada Ignacio Zaragoza.

En ese sentido, se evidencia que la saturación de propaganda institucional relacionada con las acciones del Estado en el mobiliario urbano municipal opera bajo un esquema de permisos provisionales.

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