El paquete incluye autoridades actuales y exfuncionarios de Morena, PAN, PRI y MC; entre los casos destacan observaciones millonarias en San Andrés Cholula.
Por Redacción
Ocho alcaldes y exalcaldes de Puebla, además de un exdirector del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Atlixco (SOAPAMA), forman parte de un paquete de expedientes en los que la Auditoría Superior del Estado (ASE) fincaría responsabilidades por irregularidades detectadas durante la fiscalización de recursos públicos municipales.
Entre los funcionarios en activo aparecen Mario de la Rosa Romero, presidente municipal de Amozoc por Morena, e Isabel Vergara Tapia, alcaldesa priista de Petlalcingo. En ambos casos se señalan problemas para comprobar gastos mediante contratos, facturas y expedientes relacionados con obras, adquisiciones y servicios municipales.


El expediente de mayor monto corresponde al exalcalde panista de San Andrés Cholula, Edmundo Tlatehui Percino, quien arrastra observaciones por aproximadamente 359 millones de pesos de 2023 y 308 millones correspondientes a 2024, los cuales tendría que solventar documentalmente hasta el día de hoy.

En el paquete también aparecen Isaac Rodríguez Ochoa, exalcalde de Esperanza, con un monto cercano a los 60 millones de pesos; Filomeno Sarmiento Torres, expresidente municipal de Cuautlancingo; y Edgar Moranchel Carreto, quien dirigió el sistema operador de agua potable de Atlixco entre 2018 y 2021.



En este último caso se señaló que previamente la Contraloría municipal le fincó responsabilidades y el asunto llegó a la Fiscalía de Puebla.
La lista se completa con los hermanos Ramiro, Giovanni y Uruviel González Vieyra, quienes encabezaron los gobiernos de San Nicolás Buenos Aires, Tlachichuca y Chalchicomula de Sesma. Sus expedientes administrativos por el manejo de recursos municipales son distintos de los procesos penales que enfrentan y de las revocaciones de mandato previamente aprobadas por el Congreso de Puebla.



Hasta este momento, ni la ASE ni el Congreso de Puebla han hecho público este paquete de sanciones o las resoluciones individuales, por lo que los montos y responsabilidades señalados deberán contrastarse con los dictámenes oficiales cuando sean publicados.











