Anahí Valdez
El estado de Puebla enfrenta actualmente nueve litigios con un valor total que asciende a 4 mil 500 millones de pesos (mdp), derivados de contratos y obras públicas emprendidas por administraciones anteriores.
Así lo reveló este lunes el gobernador Alejandro Armenta Mier, durante su conferencia matutina, donde denunció la operación de una red de corrupción que denominó el “Cártel de los contratos y de las obras ocultas”.
Este esquema, según declaró, actuó en colusión con gobiernos pasados para drenar las arcas estatales, generando un daño económico millonario al erario.
La queja se basa en la revisión de contratos firmados bajo el esquema de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) y la figura de Asociación Público-Privada (APP), las cuales comprometieron las finanzas estatales por décadas.
Uno de los casos más notorios de estos contratos ha sido el Museo Internacional Barroco (MIB), originalmente, este contrato de Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) comprometía a Puebla a realizar pagos por más de 10 mil millones de pesos con fecha de término en el año 2039.
El titular del Ejecutivo estacó que, en 2025, su administración logró renegociar y liquidar anticipadamente este adeudo con Grupo Hermes por solo 2 mil millones de pesos, lo que representó un ahorro estimado de 8 mil millones de pesos para el estado.
Tras dicho acuerdo, centrará sus esfuerzos en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis, un proyecto que heredó un costo de 4 mil millones de pesos que se estiman liquidar hasta el año 2037.
También indicó que busca renegociar este contrato con el fin de liberar este recurso a otros gobiernos, siguiendo la misma estrategia aplicada en el caso del Barroco.
