Por Luis Camacho
El Congreso ha puesto en la mira la red de complicidades que permite la extorsión telefónica desde el interior de los centros penitenciarios al castigar con penas de hasta 12 años de prisión a directivos y custodios que faciliten el ingreso de dispositivos electrónicos.
De acuerdo con el legislador Miguel Trujillo de Ita, señaló que estas operaciones no ocurren de forma aislada, sino que dependen de la omisión o la colusión directa del personal penitenciario.
Afirmó que la propuesta, surge como respuesta al incremento de fraudes y amenazas que emanan de penales como el de San Miguel donde a pesar de los operativos, la actividad delictiva no ha cesado.
La reforma plantea la creación del delito de «Introducción y uso no autorizado de dispositivos electrónicos en centros penitenciarios», estableciendo castigos diferenciados según el grado de responsabilidad.
Miguel Trujillo explicó que los directores de penales que estén involucrados alcanzarán de 8 a 12 años de prisión mientras que los custodios y personal operativo de 4 a 8 años de prisión, además de la inhabilitación inmediata para ocupar cualquier cargo público en el futuro.
A diferencia de operativos anteriores que solo confiscaban aparatos, indicó que esta reforma busca atacar directamente la corrupción administrativa que permite su entrada de los dispositivos tecnológicos.
El diputado subrayó que esta medida legislativa se alinea con el plan de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) para el presente año dónde el gobierno estatal contempla una inversión en infraestructura tecnológica en los centros penitenciarios.
En ese sentido, la dependencia estatal ha llevado a cabo nuevos protocolos de revisión en los accesos para personal y visitas así como la actualización de sistemas para bloquear frecuencias de telefonía e internet dentro de los muros.
