Por Anahí Valdez
El Congreso del Estado de Puebla procederá jurídicamente contra los presidentes municipales que incurran en irregularidades administrativas o financieras, sin omitir a las demarcaciones gobernadas por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Ante medios de comunicación, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, expuso que la fiscalización se aplicará de manera generalizada con la finalidad de mantener la estabilidad institucional en los municipios de la entidad.
Incluso señaló que estas medidas forman parte de las acciones parlamentarias orientadas a combatir el desvío de recursos públicos y prevenir vínculos entre servidores públicos y organizaciones delictivas.
Como parte del procedimiento, el Poder Legislativo local formalizará peticiones ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Fiscalía General del Estado (FGE) para indagar la administración de fondos y posibles responsabilidades penales de las autoridades municipales señaladas por los ciudadanos.
Estas declaraciones surgen tras la revisión iniciada a las finanzas del ayuntamiento de Acatlán de Osorio, demarcación administrada por Guadalupe Lucero Bárcenas.
El proceso de auditoría se derivó de los acuerdos establecidos en una mesa de negociación entre el Cabildo y la Secretaría de Gobernación (Segob) de Puebla, detonada por movilizaciones de habitantes locales que solicitan la revocación de mandato debido a presuntas inconsistencias financieras y problemáticas en materia de seguridad pública.
Asimismo, Gaspar Ramírez informó que ocho regidores que integran el cuerpo edilicio de Acatlán de Osorio consintieron ser sujetos de investigación por la FGE. Las indagatorias penales corresponden a señalamientos por delitos de secuestro, lesiones y probables nexos con grupos delictivos.
El inicio formal del procedimiento legislativo para determinar la revocación de mandato se programó para este jueves, durante el desarrollo de la sesión ordinaria del Pleno del Congreso estatal.
