Por Luis Camacho
El Ayuntamiento de Puebla cuenta actualmente con nueve clasificaciones de información en carácter de reservada, abarcando expedientes que van desde la ubicación de cámaras de seguridad y alarmas sísmicas hasta procedimientos administrativos en trámite por la tala de árboles y disputas prediales.
Así lo dio a conocer la coordinadora general de Transparencia Laura Elizabeth García, quien detalló los temas y los plazos bajo los cuales dichos expedientes se mantendrán ocultos a la opinión pública por representar, en su momento, un riesgo para la seguridad o la conducción de expedientes legales.
En ese sentido, reveló que la información relativa a procedimientos administrativos y juicios de amparo se encuentra reservada por un período estándar de tres años, mientras que los datos vinculados a la seguridad pública y georreferenciación de infraestructura sensible han sido resguardados por hasta cinco años.
Laura Elizabeth García aclaró que los plazos comienzan a correr a partir de que el Comité de Transparencia emite la resolución correspondiente, no obstante, precisó que si un procedimiento legal concluye antes del tiempo fijado, la información debe ser desclasificada de inmediato.
«A lo mejor el procedimiento administrativo termina antes de los tres años. Ahí el área responsable nos notifica que ya concluyó y se hace pública, porque el riesgo real, demostrable e identificable que establece la ley para dar a conocer la información ya desapareció», mencionó.
Entre las nueve solicitudes y anexos que han sido restringidos al acceso público se encuentran el anexo del contrato sobre las coordenadas de los sistemas de multialertamiento y alertamiento sísmico de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano.
Asimismo, la funcionaria municipal precisó que se cuenta con un expedientes sobre las cámaras corporales (bodycams) y el software de control de alertas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Además, se cuenta con dos 2 casos de solicitudes ligadas a un expediente administrativo de la Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano que actualmente se desahoga en tribunales federales.
A la lista de expediente se suma la licencia de derribo de árboles a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente, el cual se encuentra en investigación por presunta responsabilidad administrativa ante la Contraloría Municipal.
