Por Anahí Valdez
El Instituto Electoral del Estado (IEE) de Puebla entregará a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) los contratos y convenios de material electoral suscritos desde 2020 como requerimiento dentro de una revisión que abarca al Instituto Nacional Electoral (INE), al extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y a los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
La consejera presidenta del órgano electoral poblano, Judith Lozano Pérez, confirmó que el Instituto recibió la solicitud y comenzó a trabajar en concentrar todos los expedientes que se celebraron seis años atrás.
También señaló que tiene conocimiento de una solicitud posterior que abarcaría el periodo 2000-2025, pero que ese documento no ha sido notificado.
🔎 ¡La ASE pone la lupa sobre el IEE Puebla! Solicitó información de contratos y convenios desde 2020, confirmó la consejera presidenta Judith Lozano.
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— AnálisisTv (@AnalisisTVPlus) November 5, 2026
El 4 de noviembre, la ASF informó que la revisión se desarrolla en tres líneas: investigación de oficio sobre contrataciones de los OPLE, del INE y del IFE; estudio de las adquisiciones de 2000 a 2025 para identificar patrones de contratación y concentración de proveedores; y auditoría integral al INE y al gasto federalizado de los OPLE.
Sus trabajos advierten «la comisión de múltiples irregularidades históricas» en el ejercicio del gasto público vinculado con organismos electorales y grupos empresariales. Esa afirmación corresponde a indicios, no a una resolución sobre el IEE de Puebla ni una determinación de responsabilidad.
En el informe de la Cuenta Pública 2025, la ASF reportó que 10 OPLE concentraron 2 mil 601.1 millones de pesos en contratos con empresas señaladas, donde Puebla aparece con 286.6 millones, detrás de Veracruz, Oaxaca y Coahuila.
El contrato objeto de cuestionamiento público es el de 129 millones 700 mil 584 pesos otorgado en marzo de 2024 a Comercializadora JVLY para material electoral, durante la presidencia de Blanca Yassahara Cruz García.
En ese sentido, identificó un probable daño de 63.2 millones en una contratación distinta de la misma empresa con el INE, por falta de documentación para acreditar la entrega de materiales.
