Por Anahí Valdez
La presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Guadalupe Bárcenas, se encuentra bajo medidas de protección y resguardo tras haber denunciado amenazas de muerte por parte del grupo delictivo «Los Rojos», y a la par, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla mantiene abierta una investigación ante la presunta vinculación de autoridades.
En entrevista, el secretario de Gobernación del estado de Puebla, Samuel Aguilar Pala, señaló confirmó de manera oficial que la alcaldesa ya cuenta con el despliegue de elementos de seguridad para salvaguardar su integridad física.
Precisó que la asignación de medidas cautelares se derivó de las denuncias formales que la propia edil interpuso ante las autoridades competentes, luego de haber recibido amenazas explícitas contra su vida atribuidas a la organización crimina, la cual opera en los límites territoriales de la entidad.
Por su parte, el gobernador del estado, Alejandro Armenta Mier, señaló que la investigación penal sigue su curso y busca esclarecer la presunta relación y complicidad de servidores públicos locales con las bandas delincuenciales que desestabilizan la región.
También precisó que la zona de atención prioritaria se concentra en la franja frontera que conecta a Acatlán de Osorio, Puebla, con Huajuapan de León, Oaxaca.
Subrayó que debido a la complejidad de la operación de estos grupos en los límites de ambos estados, la problemática ya ha sido abordada de manera conjunta y coordinada en reuniones previas celebradas con el gobernador de Oaxaca.
Conflicto político en el Ayuntamiento y diálogo suspendido
Ante la crisis de seguridad en el municipio, el funcionario estatal informó que se han buscado tender los puentes de conciliación necesarios, aunque sin éxito definitivo por la postura de una de las partes.
Detalló los esfuerzos de mediación realizados por el Gobierno del Estado, explicando que en primera instancia un grupo de regidores locales declinó asistir a las mesas de diálogo que se programaron originalmente en la capital del estado.
Tras la negativa, se conformó una comisión institucional integrada por personal de la Fiscalía del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Gobernación (Segob) y representantes de Derechos Humanos, quienes se trasladaron directamente hasta la región de Acatlán de Osorio.
