Por Carlos Clemente
Hay concesiones que terminan convertidas en privilegios. Y privilegios que, con el paso de los años, se transforman en impunidad. Ese parece ser el caso de Agua de Puebla.
La empresa no sólo arrastra desde hace años el descontento de miles de usuarios por un servicio deficiente, cobros que generan constantes inconformidades y el desabasto que padecen numerosas colonias de la capital.
Ahora enfrenta un señalamiento igual de delicado: destruir las calles de Puebla y repararlas con trabajos de mala calidad.
Lo grave es que la acusación no proviene de adversarios políticos ni de organizaciones civiles. La hace el propio Gobierno del Estado.
La Secretaría de Infraestructura confirmó que las reparaciones realizadas por la concesionaria presentan deficiencias técnicas, mala compactación y hasta el uso de materiales inadecuados —prácticamente lodo— para rellenar las zanjas que abre al intervenir la red hidráulica.
El resultado es el que cualquier automovilista conoce: pavimentos que duran apenas unos días antes de volver a fracturarse.
La consecuencia la pagan, otra vez, los ciudadanos. Primero con recibos y cobros excesivos y un pésimo servicio. Después con calles destruidas, baches, tráfico, daños a los vehículos y recursos públicos destinados a corregir lo que un ente privado hizo mal.
Por eso resulta relevante que desde el Gobierno del Estado se anunciaron denuncias penales contra la empresa cada vez que dañe vialidades recién pavimentadas.
Es una señal que rompe con años de permisividad hacia una concesionaria que, para muchos poblanos, parecía operar sin consecuencias.
El mensaje es claro: se acabó la tolerancia. Si la concesionaria rompe calles y las repara con trabajos deficientes, tendrá que responder ante la ley. Ya era hora que metieran en cintura a una empresa que durante años gozó de impunidad. @analisistv
Un comentario
Pero para eso están las autoridades, para poner orden
En ellos está seguir solapando tanta corruptela 😡