Estado bajo sospecha

Por Carlos Clemente

Es un hecho inédito, Estados Unidos acusa directamente a un gobernador mexicano en funciones. No es un exfuncionario caído en desgracia, no es un alcalde menor ni un expediente reciclado. Es el titular del poder en un estado clave como Sinaloa: Rubén Rocha Moya.

Y no se trata de corrupción a la mexicana —esa que se disfraza de contratos inflados y moches discretos—. Aquí la acusación es otra cosa: colusión estructural entre el Estado y el narcotráfico.

La Fiscalía estadounidense no habla en abstracto. Habla de protección institucional, de facilitar operaciones del Cártel de Sinaloa, de favores políticos pagados con impunidad.

Habla, incluso, de un posible respaldo criminal en el origen mismo del poder: la elección. De confirmarse, estamos ante la hipótesis más delicada: que el narco no infiltra al poder, lo construye.

La reacción del gobierno mexicano se esperaba: cautela legal, exigencia de pruebas, defensa de la soberanía. Relaciones Exteriores pone el acento en el procedimiento, no en el fondo. La Fiscalía General de la República apenas abre una carpeta.

En lo político, el cierre de filas no sorprende. Morena defiende a uno de los suyos con el argumento de siempre: “no hay pruebas” y “es un tema externo”. La narrativa es conocida: soberanía frente a injerencia.

Sin embargo, lo que está en juego es la credibilidad de un régimen que prometió ser distinto. Si el señalamiento escala —y todo apunta a que lo hará—, el costo será letal para la 4T.

El caso abre una grieta peligrosa. No solo en la relación con Estados Unidos, también en la narrativa del poder en México.

Si se confirma, aunque sea una parte de la acusación, el discurso oficial de Morena-Gobierno se queda sin soporte.

Y entonces ya no se tratará de defender a un gobernador.

Se tratará de explicar –si es que pueden- hasta dónde llega la sombra del narco en las altas esferas de quienes hoy detentan el poder en nuestro país. @analisistv