Por Carlos Clemente
Al interior de los penales de Puebla no solo se purgan condenas: también se hacen negocios. Y de los grandes.
Un solo ejemplo: la renta o venta de teléfonos celulares dentro de las cárceles debe ser un mercado millonario. No hay otra forma de explicarlo. Porque si los filtros de seguridad fueran realmente efectivos, simplemente no entrarían.
Pero entran. Y en cantidades.
Los recientes cateos lo confirman: 28 equipos en el penal de San Miguel, cinco más en Huauchinango. A eso se suman marihuana, cocaína y cristal. No es un hallazgo aislado: es una constante.
Pero ¿quién permite el negocio?
Esto no ocurre por accidente. La droga y los celulares no “se cuelan”. Pasan. Y pasan con la complicidad —o al menos la omisión— de quienes controlan los accesos, pero es toda la cadena.
Frente a esta incapacidad —o falta de voluntad— el gobierno opta por una solución costosa: gastar 60 millones de pesos en inhibidores de señal celular.
Es decir, se compra tecnología para tapar lo que huele a corrupción.
El fondo es aún más grave. Desde esos teléfonos que “nadie sabe cómo entraron” se realizan llamadas de extorsión, secuestros virtuales y cobro de piso.
Delitos que cruzan los muros de las cárceles y afectan directamente a ciudadanos afuera.
Así, los penales –dirigidos por civiles o marinos- están convertidos en centros de operación criminal.
El problema no es la señal, es la corrupción. @analisistv
Un comentario
El mejor negocio de los directores de los penales el cobro de privilegios dentro de los centros de readaptación